La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha anunciado la finalización, entrada en servicio e interconexión de la subestación Yguazú de 500 kV y de la línea de transmisión de 500 kV Itaipú-Yguazú, con lo que se completa la red de infraestructura eléctrica necesaria para la eventual extracción del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay en Itaipú Binacional. Son obras de extraordinaria importancia económica y estratégica que debieron haberse hecho hace mucho tiempo, y así como este Gobierno ha sido objeto de muchas críticas, hay que decir que le corresponde el mérito de haberlas llevado adelante y por fin haberlas concretado. Sin embargo, hay que estar atentos y tener cuidado de que no se las quiera utilizar como pretexto para no renegociar con Brasil los términos del Tratado.
Existe la posición de que, antes que vender su energía, Paraguay debe utilizarla para su propio desarrollo. Desde el punto de vista teórico, este razonamiento es inobjetable. Para ello no hay que cambiarle ni una coma al Tratado de Itaipú, ya que el mismo establece que Paraguay es dueño de 10 de sus 20 turbinas de producción y del 50% de la potencia y generación de la central hidroeléctrica, que actualmente ya está totalmente amortizada, por lo que nuestro país formalmente dispone de unos 45 millones de megavatios/hora –si la afluencia de caudales del río Paraná lo permite– al año de energía limpia y renovable a precio de costo.
En la práctica, sin embargo, la situación es muy distinta, porque a Paraguay aún le sobran alrededor de 20 millones de MWh al año en Itaipú y, por más infraestructura que tenga, en el mejor de los casos todavía tardará otra década en alcanzar la demanda doméstica de consumo para usar la totalidad de su mitad. Con el falaz argumento de la poca capacidad financiera del país para la construcción de la central, durante 40 años Brasil se ha quedado con los excedentes de energía paraguaya por monedas. Pero ahora la deuda ya está cancelada, incluyendo enormes porciones de componentes espurios e intereses usurarios, y los paraguayos no le pueden seguir regalando a su poderoso vecino el fruto de la explotación de un recurso natural que legítimamente les pertenece por otros diez años más.
Una de las grandes responsables de que hayamos llegado a esta instancia es precisamente la ANDE, obviamente bajo las instrucciones y las políticas de los gobiernos de turno. El monopolio estatal no tiene manera de justificar que después de 40 años de generación de Itaipú, y 25 de Yacyretá, apenas el 18% de la matriz energética paraguaya sea eléctrica. La única explicación es lisa y llanamente la mano negra de Brasil (léase sobornos en sus diversas variantes), y subsidiariamente de Argentina, que han sido los grandes beneficiarios de esa “ineficiencia”. Todo el fantástico desarrollo de los estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, parte de Mato Grosso do Sul, la zona más rica de Brasil, se apuntaló y se sigue apuntalando con la energía de Itaipú, tanto la brasileña como la despojada al Paraguay.
De acuerdo con el texto y la interpretación del Anexo C del Tratado de Itaipú, la parte que no pueda contratar toda su potencia (es decir, Paraguay) debe ceder (no vender) a la otra parte (o sea, Brasil) su sobrante a cambio de una “compensación” (no un precio justo, como tendría que ser). Esa compensación es absolutamente arbitraria, no está sujeta a ningún parámetro objetivo, y actualmente es de aproximadamente 11 dólares el MWh, algo ínfimo en comparación con el precio real, ya con el supuesto “gran aumento” obtenido por Fernando Lugo en 2009 en virtud de la “gran generosidad” de Inácio Lula da Silva.
Dado que Itaipú es una entidad sin fines de lucro, lo que hace Brasil es contratar a precio de costo su 50%, más el sobrante paraguayo, por el que paga, además, una pequeña compensación. A los valores de hoy, con la nueva tarifa, en total la energía paraguaya le cuesta unos 23 dólares el MWh, frente a un precio en el mercado regional de 100, 200 y hasta 400 dólares. Con un agravante. En Brasil el sector eléctrico está desmonopolizado, por lo que la operadora estatal brasileña, antes Eletrobras, ahora ENBpar, adquiere la energía paraguaya a 23 dólares y la revende a operadores privados en las subastas de São Paulo, quedándose con pingües diferencias que le tendrían que corresponder a Paraguay.
En agosto se cumplen 50 años desde la entrada en vigencia del Anexo C, plazo establecido para su revisión. Era fundamental que Paraguay tuviera lista la infraestructura eléctrica para entonces, lo que le dará un mayor poder en la mesa de negociación. Pero ello también dará pie a los que proponen, ilusa o interesadamente, que Paraguay use su energía y no dependa del precio que quiera pagar Brasil, total faltan solo diez años, que pueden ser menos si se acelera el proceso. De hecho es exactamente lo que va a intentar Brasil, como ya lo han insinuado el canciller Mauro Vieira, el director brasileño de Itaipú, Enio Verri, e indirectamente el propio Lula. Como han hecho históricamente, estarán dispuestos a hacer pequeñas concesiones, seguramente un nuevo ajuste en la compensación o una ventaja para la ANDE en la tarifa, para mantener todo como está, por lo menos por una década más.
Si Brasil quiere el excedente paraguayo en Itaipú en los próximos años, hasta que Paraguay use toda su parte –y si lo quiere y lo necesita– una de dos: o paga el precio que vale o permite que sea Paraguay, y no ENBpar, el que lo comercialice en São Paulo y se quede con las rentas correspondientes. Ninguna otra opción es aceptable.