A criterio de Barreto, el nivel de endeudamiento público va a alcanzar umbrales peligrosos al exceder el 30% del PIB, teniendo en cuenta que el déficit se incrementa básicamente debido a factores transitorios que afectan los ingresos tributarios de este año y del próximo, así como por los gastos adicionales para enfrentar la pandemia, debe hacerse un esfuerzo importante de contención de los gastos corrientes y de funcionamiento del Estado para reducir lo más rápidamente posible el déficit fiscal y las necesidades de endeudamiento adicional.
En ese contexto, señaló a ABC que se debe volver al tope que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del PIB en 2022 y no en 2024, tal como lo pretende el Gobierno, este último con el argumento de que tras cerrar el presente ejercicio con un saldo rojo de entre 6% y 7% del PIB se necesitará un plazo mayor para no afectar la recuperación de la economía.
Endeudamiento
Al referido nivel de déficit se llegará, según lo anunció el ministro de Hacienda, Benigno López, debido a las deudas contraídas para enfrentar la pandemia del covid-19 por US$ 1.600 millones, así como para impulsar el plan de recuperación económica puesta en marcha la semana pasada, el que prevé una nueva emisión de bonos o préstamos por US$ 350 millones.
El saldo de la deuda pública a mayo asciende a US$ 10.868 millones, monto que ya representa casi el 30% del PIB, porcentaje considerado en su momento por economistas y organismos internacionales como el tope razonable para nuestro país.
Reforma
El exministro Barreto plantea que en forma paralela se lleven a cabo reformas que mejoren la calidad del gasto público y la calidad de los servicios públicos, medidas que, según dijo, están previstos en el programa de reactivación económica que presentaron la última semana.
Además, del congelamiento de los salarios, eliminar el pago de las gratificaciones adicionales y la no contratación de personal, sea contratado o permanente. “El principal componente de los gastos corrientes son las remuneraciones del funcionariado público. En estos meses de pandemia siguieron pagando los salarios, incluso utilizando los recursos del endeudamiento, por lo que para poder restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas lo mínimo necesario es mantener fijos los salarios nominales hasta el 2023, eliminar el pago de gratificaciones adicionales y además dejar de contratar nuevos funcionarios, ni temporales ni permanentes”, aseguró el exministro.
Añadió que se impone una austeridad férrea, en serio, para recuperar el control del déficit fiscal, porque de lo contrario ni en 4 ni en 10 años lo podremos hacer. “Es necesario que la ciudadanía y las autoridades entiendan con claridad la situación y se tomen las decisiones más sensatas”, concluyó.
Cargos y remuneraciones en el PGN
La Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente tiene asignados 304.804 cargos, distribuidos entre instituciones componentes de la Administración Central y Entidades Descentralizadas, lo que implica un aumento de 2.878 cargos con respecto al año pasado. A esto se debe agregar alrededor de 50.000 funcionarios contratados.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, la Administración Central prevé este año destinar para el pago de los salarios de funcionarios G. 18,3 billones (US$ 2.876 millones al cambio presupuestado), lo que representa un crecimiento de 6% con respecto a 2019. En tres meses del presente ejercicio: abril, mayo y junio, Hacienda utilizó US$ 299 millones del préstamo de emergencia sanitaria para cubrir las remuneraciones del personal público.