A un año de la firma del “acta secreta”

Hoy se cumple el primer aniversario de la firma del “acta secreta” de Itaipú, a través de la cual el gobierno de Mario Abdo Benítez buscó entregar el negocio hidroeléctrico perteneciente con exclusividad al Estado paraguayo, representado por ANDE: el 50% de la energía de Itaipú, recuerdan desde la Campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional”.

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Añaden que la beneficiada iba a ser una oscura empresa privada brasileña, Leros, ligada a la familia de Jair Bolsonaro, y que tuvo como a su principal operador al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“Lo más grave es que Abdo Benítez no modificó en nada su política de sumisión a los intereses de la gran oligarquía bandeirante”, expresan. Es así que “el 13 de diciembre de 2019, ya entre sidra y pan dulce, Abdo firmó la Carta Convenio ANDE-Itaipú-Electrobrás, a través de ANDE, presentando el cronograma de contratación de potencia de Itaipú que no se había atrevido presentar nadie, ni siquiera su amado dictador, Alfredo Stroessner o el antecesor del actual presidente, Horacio Cartes”, añaden.

De esta manera, Abdo comprometió a la ANDE a contratar una potencia creciente en los años 2020, 2021 y 2022, que el país no va a necesitar íntegramente, pero que la tendrán que pagar todos los usuarios con mayores tarifas, o que hubiera hecho impagable la deuda de ANDE, precarizándose en forma todavía más severa el sistema eléctrico nacional.

“Además de cometer ese despropósito, el presidente de la República violó abiertamente el Tratado de Itaipú al firmar, vía el presidente de ANDE, la citada Carta Convenio que elimina el ‘margen de tolerancia’ de hasta 350 MW que garantizaba el Tratado de Itaipú en su NR (Nota Reversal) N.º 5 del 28 de enero de 1986. Así, de un plumazo, violó la Constitución y el Tratado de Itaipú, en perjuicio del pueblo paraguayo”, destacan desde la organización ciudadana.

Aseguran que para agravar aún más los hechos, ahora Abdo Benítez cuenta que consultó informalmente al gobierno de Bolsonaro para “endeudar a Itaipú hasta en 20.000 millones de dólares, a fin de tener una ‘canilla libre’ con la excusa de la pandemia del coronavirus”.

La Campaña advierte que este posible endeudamiento de Itaipú Binacional es abiertamente ilegal porque no es una entidad financiera, sino una central hidroeléctrica, como establece su Tratado.

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