El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procesó alrededor de 4.500 pedidos de empresas para suspensión temporal y permanente de contratos, los cuales ya fueron remitidos al Instituto de Previsión Social (IPS), ente que deberá transferir los recursos a los afectados por la cesación de sus actividades.
La gran mayoría de los pedidos de suspensión son para los meses de abril y mayo, y muy pocos superan los 90 días, según indicó la titular del MTESS.
Si bien el ISP ya cuenta con fondos, unos US$ 100 millones que fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda, aún no se puede realizar la acreditación de los recursos a las cuentas de los desempleados debido a que el Poder Ejecutivo aún no emite el decreto reglamentario, informaron ayer desde el ente previsional.
Según fuentes del IPS, la institución está preparada para realizar estas transferencias a través de los sistema de cobro convencional, ya que la mayoría está bancarizada y cobra sus haberes vía red bancaria. No obstante, todavía hay algunas precisiones que deben definirse en el citado decreto del Ejecutivo.
Cabe señalar que la compensación económica será equivalente al 50% del salario mínimo (G. 1.096.419), y será entregado por única vez, según lo estipula la Ley Nº 6524, que declaró el estado de emergencia.
Estos 100 millones de dólares pueden llegar a beneficiar, según los cálculos del Equipo Económico, a casi 505.000 empleados formales.