El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Ernesto Figueredo, indicó que el citado proyecto anunciado ayer por el Poder Ejecutivo es de suma importancia para dar tranquilidad a las empresas que están atravesando por un duro revés. “Es indispensable que esta ley sea consensuada lo antes posible para su vigencia inmediata”, insistió.
El plan incluye varias acciones que requieren necesariamente un marco legal para poder realizarlas, entre ellas la posibilidad de que se otorguen facilidades para el pago de impuestos, de tasas, contribuciones y pago de servicios públicos, entre otros.
Figueredo instó a que estas acciones puedan ser efectuadas lo antes posible, considerando que los trámites administrativos para ponerlos en práctica y adecuar los sistemas también lleva un tiempo.
Bajan ventas y empleos
Una reciente encuesta elaborada por la CNCSP y la consultora MF sobre los impactos económicos del covid-19 refiere que de un grupo de 270 empresas consultadas, el 40% expresó que tiene una caída del 70% en el volumen de ventas, y que el 48% de estas compañías en la última semana redujo la cantidad de empleados, algunos temporalmente y otros de manera permanente.
Otro dato alarmante es que el 58% de las empresas consultadas reveló que piensa liberar personal en el futuro. La situación es preocupante y requiere de acciones inmediatas que garanticen la operatividad de las empresas, ya que recuperarse no será en poco tiempo. Solicitan la reducción de la burocracia para exportar e importar, exoneración de multas en IPS y entes financieros, disminución del costo de los servicios públicos, y subsidio estatal a empleados en zona de riesgo.
Con relación a las medidas económicas anunciadas hasta el momento por el Gobierno, señaló que son oportunas y suplirán en parte las necesidades. Sin embargo, algunas acciones prioritarias requieren de un marco legal para modificarlas.
Aspectos del proyecto
El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó ayer en entrevista que el plan de emergencia incluye entre otros puntos suspender el pago de los tributos por un plazo de 60 días.
López explicó que para cubrir lo que el fisco dejará de recaudar en ese plazo, que se calcula entre US$ 300 millones y US$ 400 millones, se tendrá que tomar nuevos préstamos de organismos financieros internacionales o emitir bonos del Tesoro en el mercado internacional.
En ese contexto, manifestó que también se tiene previsto lograr préstamos de contingencia por US$ 600 millones, aprobados por la CAF y el BID, cuyos proyectos de ley ya están a consideración del Congreso.
Además, los nuevos créditos a ser utilizados para enfrentar el coronavirus indefectiblemente harán que el déficit fiscal supere el tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), por lo que el proyecto de ley contemplará esta autorización y estipulará que no se podrán aumentar salarios en los próximos dos años, plazo en el que se debe volver al límite legal, según detalló López.