Nicanor Duarte Frutos informó ayer que están revisando el caso de Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero que ingresó a la entidad hace seis años, de la mano del entonces presidente Horacio Cartes. El objetivo es descontarle lo percibido “indebidamente”. Este funcionario cumplía supuestamente funciones en la Dirección de Coordinación Social y percibía un salario de casi G. 14.000.000.
Cabe acotar que ni Duarte Frutos ni el jefe Administrativo de la EBY, Ing. Alejandro Takahasi, pudieron responder ayer nuestras requisitorias sobre la naturaleza de los supuestos “cobros irregulares”.
Según los datos oficiales, Sánchez estaba en el cuadro permanente, pero no tenía una “tarea específica” y, además, presentó durante el año pasado 220 días de reposo, y cobró (solo por febrero del 2019) en concepto de “presentismo laboral”, según aclaró Takahasi.
Duarte dijo que “respetarán los derechos laborales de todos los desvinculados” (como el cobro de indemnizaciones, como dicta la ley del Trabajo), sin advertir que en el pedido de reposo puede haber un eventual ilegalidad que merecería otro tipo de sanción.
Añadió que hay otra “larga lista” de funcionarios “con indicios” de haber estado recibiendo beneficios indebidos (sin especificar el tipo de irregularidad), y que evaluarán si corresponde o no aplicarles la medida extrema del despido.
Por otra parte, Nicanor comentó que “evidentemente” hay funcionarios en la entidad binacional que tienen en los viáticos abonados “la mitad de sus salarios”, y que en ese sentido hay “un desorden” que se tiene que “regular”. Agregó que también hay mucha gente que “no cumple tareas”.
La EBY decidió despedir anteayer también a María Florencia Morel Brizuela (contratada, con ocho años de antigüedad), Susana María Ivasiuten Haurelechen (permanente, con un año de servicio), Lucía Karina Flores Barrios (permanente, con seis años de antigüedad), Teófilo Giubi (contratado, con cinco años antigüedad), Clarissa Núñez (contratada, cuatro años), Víctor Colmán Roa (contratado, un año) y Goani López Estigarribia, contratado, cuatro años de servicio.
De todas maneras, hay dudas de que estas medidas sean realmente serias y si van a alcanzar a una mayor cantidad de funcionarios, que algunos estiman deberían ser varios centenares.