La mensura judicial es una bomba de tiempo en CDE

El abogado Gustavo Insfrán asegura que el intendente Miguel Prieto es irresponsable. “La mensura judicial que plantea es una bomba de tiempo en CDE”, afirma. Ratifica que la finca 66, que reivindica el municipio, no existe.

Miguel Prieto alega que las bases piden la mensura.
Gustavo Insfrán sostiene que Prieto es un irresponsable.
El supuesto “sin techo” Aldo Barúa habría asaltado y golpeado al propietario de la inmobiliaria cuando quiso cobrar las cuotas.gentileza
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El abogado Gustavo Insfrán Alborno es el administrador de la firma MA Emprendimientos Inmobiliarios.

La empresa desarrolla dos loteamientos, el barrio Che La Reina y Colinas del Paraná, en Ciudad del Este; ambas se encuentran en los alrededores de Kilómetro 4, en las inmediaciones del camino que conduce a Hernandarias.

El loteamiento Che la Reina se encuentra invadido.

La fracción Che la Reina está compuesta de 300 lotes, de los cuales 155 ya están con cuotas canceladas y tituladas.

Menciona Insfrán: “En 1961, mi abuelo Marcial Alborno compró un predio de 30 hectáreas en Ciudad del Este. La finca 828 nunca fue vendida, sigue siendo la propiedad original. Es absolutamente legal, legítima, y contamos con toda la documentación en regla”.

Sobre la invasión de la propiedad, dijo que “corrió la versión de que forma parte de la finca 66. Comisiones vecinales previamente organizadas tomaron por asalto nuestra propiedad”.

Insfrán recuerda que el 22 de julio último el propio intendente Miguel Prieto llegó hasta el asentamiento Belén, lindante con el loteamiento Che la Reina, y dijo que “no se debe permitir el ingreso de abogados ni de gente que quiere cobrar las cuotas por la tierra”.

La grabación del acto incluimos en la edición digital de nuestro diario.

Dos días después, el 24, un grupo de patoteros liderado por Aldo y Elvio Barúa asaltaron y golpearon brutalmente al abogado Gustavo Insfrán Alborno.

La agresión se registró poco después de las 19:00. “Mi esposa y mi hija menor estaban dentro del auto. Mi vehículo destrozaron a pedradas, estando dentro dos mujeres. Mientras, a mí me tiraron en el piso para patearme. Y fue el propio intendente quien dijo que no se debía permitir nuestro ingreso en una propiedad que nos pertenece”, explica.

Finca 66, bomba de tiempo

El intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tomó la decisión de solicitar una mensura judicial de las fincas 66 y 13741, que habían sido expropiadas en el año 1990 sin que se haya localizado en el terreno la existencia de la fracción.

La Ley 35/90, que expropió ambos inmuebles, permitió el pago de 38 millones de dólares a “propietarios” que no lograron demostrar la existencia real de la tierra.

Ahora, 29 años después, Miguel Prieto quiere realizar mensura judicial sobre fincas que, en realidad, no existen.

“Mi propiedad –siguió diciendo Insfrán– tiene su origen en 1961, y no puede el intendente Prieto crear esperanzas de que se podrá legalizar la invasión realizando la mensura judicial. Es propiedad privada legítima”.

En su opinión, se está creando una bomba de tiempo: “En el loteamiento Che la Reina hay 155 propietarios que están afectados por esta invasión. Son personas que pagaron sus cuotas. Se titularon los lotes. Tomaron posesión real”.

“El daño lo sentimos todos. Nosotros, como empresa inmobiliaria, y los propietarios de lotes, porque se invadieron sus propiedades. Esto es absolutamente anárquico”, agregó.

Miguel Prieto, irresponsable

Gustavo Insfrán sostiene que “el intendente Miguel Prieto es irresponsable; está buscando votos para las elecciones del año próximo, y lo hace de la peor manera: alienta la invasión de propiedades privadas”.

“La mensura judicial que pretende realizar es un acto de irresponsabilidad, porque la finca 66 no existe”

“Lo malo es que resulta suficiente que una autoridad municipal realice promesas para que mucha gente busque sacar provecho. Las comisiones vecinales están bien organizadas y en condiciones de iniciar invasiones en forma inmediata”.

Lamentó que el Gobierno central minimice la situación que se está generando en Ciudad del Este. “No existen garantías jurídicas. En estas condiciones, es imposible seguir invirtiendo”, dijo.

roque@abc.com.py

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