Uno de los casos más resaltantes es de una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de Nimia Ermelinda Da Silva Boschert (55), encargada de negocios de la Cancillería en Brasilia, quien era una de las beneficiadas, a pesar de que tiene un salario mensual de G. 73 millones.
La Ley Nº 847/1980 del Estatuto Militar, en su artículo 163, establece que la pensión para las hijas herederas de militares se otorga si éstas son solteras, dependientes de su padre y su muerte las deja sin suficientes medios o recursos para subsistir.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la diplomática cobró en abril pasado G. 271.890.569; en enero 254.920.836, en tanto que en febrero, marzo, agosto y setiembre percibió montos entre G. 95 millones y 98 millones, diferencias de acuerdo a las misiones diplomáticas.
“No tengo idea, hasta luego”, fue lo único que respondió a ABC la diplomática, en contacto telefónico a través de una línea celular de Brasil. Se le consultó por qué cobraba la pensión si tenía ingresos como funcionaria pública.
Igualmente entre las pensionadas irregulares se observan a otras funcionarias con altas remuneraciones en Cancillería, Banco Nacional de Fomento (BNF), Fiscalía, Poder Judicial, ANDE, Ministerio de Salud, Cámara de Senadores y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otras instituciones públicas.
“Habiéndose corroborado que las mismas prestan funciones en instituciones públicas, o son jubiladas de la Caja Fiscal, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, se procederá al bloqueo preventivo de las cuentas”, expresa finalmente el comunicado emitido ayer por el Ministerio de Hacienda.