Luego de días sin atender nuestras llamadas ni mensajes, el actual presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, finalmente accedió ayer a una entrevista con ABC Cardinal, en la que trató de justificar el visible fracaso de la inversión de los US$ 80 millones supuestamente aplicados a las plantas de Vallemí y Villeta, provenientes de la colocación de bonos soberanos que fueron entregados durante el gobierno de Horacio Cartes. Con dicha inyección de capital se había prometido aumentar la producción de clínker de 2.000 a 2.200 toneladas por día y el incremento de 50.000 a 90.000 bolsas de cemento por día en el despacho, además de un ahorro estimado de US$ 20 millones anuales, pero nada de esto se ha cumplido.
Benítez alegó que el proyecto todavía no está culminado porque todavía quedan US$ 4 millones por ejecutar del total citado, por lo que no puede tener el resultado que se esperaba. Cuando fue insistido sobre el punto del ahorro prometido, se limitó a decir que desconoce bajo qué parámetros la administración (de Jorge Méndez) que recibió los millonarios fondos durante el gobierno de Cartes, hizo el cálculo para llegar a esa cifra.
Dijo que todavía faltan solucionar problemas con adendas aplicadas a los contratos en la administración anterior y hasta comprar otras maquinarias, como un ventilador para el horno de clínker, cuestionado porque ya se encontraba incluido en el contrato inicial del proyecto y ahora quieren adquirirlo en un proceso adicional.
Sobre este punto, el titular de la cementera acotó: “Según los contratos iniciales, ese ventilador primero iba a ser revisado para saber qué nivel de mantenimiento necesitaba, pero en el momento de la revisión, los técnicos detectaron que ya se tenía que cambiar. En ese momento se decide hacer una nueva adenda donde se incluye la fabricación de este ventilador”, señaló.
Por otro lado, Benítez calificó de “errores administrativos” y “puntos flojos” a los resultados sobre anomalías e indicios de hechos punibles encontrados en la auditoría a al INC ejecutada por la Contraloría General de la República. El ente mostró resultados preliminares de cómo se dilapidaron los US$ 80 millones y anunció que próximamente se tendrá la versión final.
Consultado acerca de si van a denunciar los hechos mencionados en la investigación, el presidente se limitó a decir que van a informar a todas las entidades que puedan tener algún rol con respecto a esa información para que cada una haga lo que tenga que hacer. “La INC va a cumplir en comunicar para que cada una asuma su responsabilidad”, apuntó, dejando entrever que su administración, al igual que las anteriores, no denunciarán ante la Fiscalía a los administradores de la era Cartes.
Si bien Benítez dijo no tener ningún compromiso con el gobierno anterior, el funcionario, de profesión abogado, terminó justificando la gestión de Jorge Méndez, pese a que su propio antecesor, del gobierno actual, encontró los incumplimientos de contratos que muestran el fracaso de los emprendimientos.
En cuanto a la pregunta de cuándo se podrán ver los resultados de la defendida inversión, respondió que si se logran subsanar los inconvenientes que existen, podrían darse los resultados dentro de un año y medio.
Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez, en horas de la mañana había dicho que “se va a remitir” el caso al Ministerio Público. “Lo que ABC cuestiona y me parece interesante que lo haga es justamente la aplicación de los bonos, dónde se usaron los bonos. Es una auditoría, que hizo la Contraloría y está culminada. Se va remitir como siempre a la Fiscalía”, subrayó.