La abogada Analía Antola, representante jurídico de la empresa Sur Inmobiliaria SA, advierte sobre un caos jurídico en Ciudad del Este como consecuencia de la decisión municipal de impulsar una mensura judicial sobre las fincas 66 y 13.741.
Las fincas de referencia abarcan los barrios Pablo Rojas, Che la Reina y Don Bosco, en los alrededores de la avenida que une Ciudad del Este con Hernandarias.
El intendente municipal, Miguel Prieto, tomó la decisión de realizar la mensura judicial sobre propiedades ya tituladas; el costo del trabajo se estima en seis mil millones de guaraníes.
La mensura judicial es parte de un juicio donde se pretende definir límites de una propiedad y determinar su superficie.
La abogada Antola menciono que “las fincas 66 y 13.741 no existen. La documentación existente indica que se habría tratado de un título de propiedad sin tierra”.
Agregó que “la Municipalidad de Ciudad del Este alega derechos en base a una ley de expropiación de 1990 donde se desafectan las fincas 66 y 13.741 en favor del municipio”.
Menciono que “la misma Ley 35/90 no realiza una localización geográfica de las fincas. El Estado paraguayo pagó 38 millones de dólares por una expropiación que podría calificarse cómo mínimo de dudosa”.
Caos jurídico en puertas
En opinión de la abogada Antola, “la decisión de impulsar la mensura judicial sobre propiedades que ya tienen título puede llevar a Ciudad del Este a un caos jurídico de proporciones que ni siquiera imaginan las autoridades municipales”.
Entrando en detalles dijo que “la ley de expropiación es de 1990. Pasaron 29 años y en este tiempo fue la misma municipalidad la que otorgó permisos de loteamientos sobre tierras que hoy están totalmente tituladas, a favor de terceros, compradores de buena fe”.
Siguió diciendo que “en los barrios Che la Reina, Pablo Rojas y Don Bosco hay unas seis mil propiedades con título. Cada uno de esos propietarios ahora tendrá que lidiar con la municipalidad ante la incertidumbre que genera la mensura judicial”.
“Es importante aclarar –agregó nuestra entrevistada– que las propiedades ya fueron objeto de una mensura judicial previa”.
“La irresponsable decisión de la municipalidad lo que pretende es crear expectativas en una masa de gente pobre. El municipio no puede otorgar títulos de propiedad, es una falsa esperanza porque no existe ninguna posibilidad”.
En busca de votos
En opinión de la abogada Antola, el intendente Miguel Prieto y su equipo político buscan convertir la mensura judicial en “una oportunidad para captar votos”.
“Están iniciando una lucha en procura de encontrar votantes sin importar la incertidumbre y el caos jurídico que surgirá de esta situación”.
El panorama que pinta la profesional del derecho no es nada alentador: “Ya tenemos conocimiento de comisiones vecinales que se están organizando para iniciar invasiones de propiedades con el argumento de que la mensura judicial va a resultarles favorable”.
El resultado de esta situación “es la pérdida por completo de garantías jurídicas que protegen la propiedad privada y será un desaliento a inversiones”.
Finalmente, insistió en que las fincas 66 y 13.741 ya no existen. “Esta decisión de Miguel Prieto es irresponsable. En busca de votos se ocasionará un grave daño a propietarios”.
Saben que se vienen problemas
En la tarde de ayer, la Comuna dio a conocer un comunicado donde señala que “el intendente busca dar una solución definitiva a un conflicto de tierras con casi 30 años de antigüedad en Ciudad del Este, a pedido de las diferentes comisiones vecinales afectadas”. (Negritas son nuestras.)
Agrega que “para que la Municipalidad pueda asumir los derechos otorgados por la Ley 35/90, es necesaria la realización de la mensura judicial...hecho que no obstará a que los afectados puedan dirimir sus conflictos en el ámbito que corresponda”.