El fiscal Leonardi Guerrero volvió a allanar ayer la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de constatar que los legajos de los expendientes físicos incautados anteriormente coinciden con lo registrado en el sistema informático.
El martes último, Guerrero allanó la oficina de la Dirección Regional Occidental, cuyo titular era Enrique Gómez de la Fuente. El fiscal requisó los expedientes de Albino Méndez, quien denunció que le hicieron pagar US$ 25.000 para obtener la adjudicación de propiedades ubicadas en Boquerón. Audios grabados con autorización judicial comprometen al exdirector de Región Occidental, como al exgerente de Créditos, Carlos Soler, ambos imputados.
Guerrero informó que encontró una resolución de seis artículos en los que el presidente del Indert, Horacio Torres, prácticamente delega sus funciones a Gómez de la Fuente. “Es un documento muy importante en el marco de limitación de actividades y funciones del presidente, que otorga a la Dirección Chaco la tramitación exclusiva de los expedientes del inicio hasta la terminación. La resolución cual sea su naturaleza de adjudicación, revocación o cualquier tipo de resoluciones dependían de la Dirección del Chaco, a cargo de Enrique Gómez de la Fuente”, dijo.
Al ser consultado si Torres se expone a ser imputado, respondió que no se descarta. Agregó que por este motivo se incautaron de su celular.
Al momento de la intervención, Torres evitó dar declaraciones a la prensa.
El Ministerio Público también se incautó del circuito cerrado de la oficina de la Dirección Regional Chaco, y verificó informaciones en otras dependencias como la Asesoría Jurídica, la Gerencia de Créditos y la Secretaría General.
Fijan audiencia para medidas
La jueza Rosarito Montanía fijó para el martes 15 de octubre a las 08:00 la audiencia de imposición de medidas para Carlos María Soler Cano y Pedro Enrique Gómez de la Fuente, exfuncionarios del Indert imputados por cohecho pasivo. Ellos se acusan mutuamente de cometer irregularidades y ambos afirman que son inocentes ante las denuncias de coimas en el ente agrario.