En comunicados conjuntos y desde diversos sectores empresariales se han manifestado con respecto a los recientes hechos de corrupción y tráficos de influencia en el ámbito legislativo-judicial que saltaron a la luz pública, exhortando a blindar la economía y pidiendo que estos hechos no empañen lo que con tanto sacrificio se construyó en todos estos años.
Este pronunciamiento conjunto lo realizaron en relación al caso que involucra al exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ahora exdiputado Orlando Arévalo (ANR, HC) quien renunció hoy a la Cámara Baja, y el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), expresidente de la regional de Amambay de la ARP abatido en un operativo antidrogas
El Centro de Armadores Fluviales y Marítimo (Cafym), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) en un comunicado conjunto piden que “la política y la justicia, no destruyan la economía”,
Los empresarios sostienen que es el deber de todos defender juntos un país donde somos iguales ante la ley, y que estos actos de corrupción generan profunda indignación debido al rompimiento de este principio. “El escándalo de la filtración de mensajes de autoridades públicas, es una prueba de la manipulación de la política y justicia, en beneficio de intereses particulares e incluso también en beneficio directo a grupos vinculados al crimen organizado”, expresaron.
Añadieron también que en medio de esta crisis se requiere que cada una de las instituciones cumpla su rol constitucional, ejerciendo el control y la disciplina que correspondan para reencausar a nuestra República y reestablecer el Estado de Derecho. Basta de impunidad.
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Logro económico opacada ante inexistente seguridad jurídica
Manifestaron igualmente que cualquier logro económico queda destruido con la demostración de la inexistencia de seguridad jurídica, con Poderes del Estado infectados por la Corrupción, tráfico de influencias, y vinculaciones con el narcotráfico.
Mencionaron también que nuestro país ha consolidado una Macroeconomía que es destacada en el exterior y es el pilar para ser previsibles y atractivos a la inversión. A pesar de los embates que aún tenemos de la pandemia y del clima, el sector privado, con enormes esfuerzos desde la más rentable empresa hasta cada pequeño emprendedor, ha redoblado su empeño para que cada uno con su grano de arena, aporte a sacar adelante el país.
“Los tres poderes de estado deben alinear sus objetivos hacia el bienestar de nuestra gente, y hechos como los ocurridos dan luz acerca de las reales prioridades de muchas de nuestras autoridades”, expresaron
Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) manifestaron igualmente su profunda preocupación ante las revelaciones que evidencian una alarmante utilización con fines personales y una manipulación alevosa del sistema judicial en el país. Consideran preocupante que las instituciones encargadas de la justicia sean las que elaboren esquemas que abren paso y facilitan la utilización delictiva de la justicia y la corrupción, ya que esto socava la confianza ciudadana, debilita los esfuerzos económicos, nos aleja de la confianza de inversores internacionales y debilita los cimientos de un sistema democrático sólido.
Solicitan investigación objetiva
Frente a este escenario el gremio solicita una investigación objetiva, exhaustiva y urgente por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, con sanciones ejemplares para todos los responsables.
Asimismo, señalaron que es imperativa la depuración inmediata de las instituciones involucradas, garantizando que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia, ética y transparencia.
“Exigimos también el cese definitivo de la injerencia política en el sistema de justicia, ya que esta situación deteriora la institucionalidad y debilita el estado de derecho”
Dende: Genera incertidumbre sobre el futuro del país
Desde la organización Desarrollo en Democracia (Dende) también manifestaron su preocupación y repudio respecto a los hechos recientes de tráfico de influencia e injerencia política en las instituciones del país.
“Asistimos consternados a los últimos acontecimientos que son de público conocimiento y que acaparan la atención de la ciudadanía. Los mismos socaban los principios y valores que anhelamos los paraguayos como base de nuestra convivencia y crean incertidumbre hacia el futuro de la República” advirtieron los directivos de la organización en un comunicado emitido el sábado último.
Ante estos hechos último que salpican a legisladores, fiscales y jueces, Dende expresó formal y firmemente su repudio a los mismos y su apoyo irrestricto a la Democracia y al fortalecimiento de las Instituciones, que son pilares inequívocos del bienestar de nuestra patria.
Cabe señalar que la debilidad institucional es uno de los puntos flojos de nuestro país, señalado por calificadores de riesgos.
Además exigen la recuperación de la independencia del poder político, de la decencia y la transparencia de nuestro Sistema Judicial, último baluarte de defensa de nuestros derechos como ciudadanos, que hoy se encuentra corroído por los poderosos sistemas mafiosos. “Rechazamos el país que están intentando imponernos e instamos a las Instituciones responsables a actuar conforme a derecho, por el bien de nuestro país, expresaron
Horizonte Positivo: “Politización de la justicia socava la confianza”
La Asociación Horizonte Positivo Paraguay también se sumó a las repercusiones sobre el escándalo de tráficos de influencia que salpica a referentes del sector político, legislativo y judicial de nuestro país.
La organización expresó su profunda preocupación e indignación ante las recientes revelaciones que evidencian la grave crisis de independencia en el sistema judicial paraguayo. “La politización de la justicia y su uso como herramienta de negociación socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilitan los cimientos del Estado de Derecho”, acotó la organización a través de un comunicado.
Según el Latinobarómetro 2024, sólo el 23% de los paraguayos confía en la democracia y apenas el 28% en el Poder Judicial, cifras que reflejan una creciente desilusión con la institucionalidad. Añaden que Paraguay logró importantes avances en los últimos años, destacándose como un país atractivo para la inversión y el crecimiento económico, logrando el Grado de Inversión, fruto de la estabilidad macroeconómica y del esfuerzo de diversos sectores. No obstante, advierten que el país debe garantizar la seguridad jurídica a través de un sistema judicial fuerte, confiable e independiente.
“La corrupción y la impunidad son amenazas directas al desarrollo, ya que sin justicia no hay reglas claras, y sin reglas claras, no hay inversión ni generación de empleo”, afirman
CAP: Imagen negativa que aleja las inversiones
Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) también expresaron su profunda preocupación ante las recientes revelaciones que exponen graves irregularidades en el ámbito de la justicia. “Estos hechos ponen en evidencia el tráfico de influencias y la injerencia política en nuestras instituciones, lo que representa una amenaza seria para la integridad del sistema judicial”, expresaron en un comunicado.
Añaden que el Estado de Derecho es el pilar fundamental de toda sociedad democrática y que acciones como estas socavan la confianza ciudadana, proyectan una imagen negativa de nuestro país a nivel internacional y alejan las inversiones que son vitales para el desarrollo económico y social del Paraguay.
“La CAP expresa que están firmemente comprometidos con al defensa de la democracia y con el fortalecimiento de las instituciones, pilares inequívocos del bienestar y el progreso de la nación”, señaló el referido gremio empresarial.
Frente a esta grave situación, el gremio insta a las autoridades a realizar una investigación urgente, exhaustiva y transparente sobre los hechos de corrupción denunciados. Añaden que el Paraguay es un país con inmensas oportunidades, pero requiere de una profunda transformación. “Necesitamos un sistema judicial que opere con total independencia del poder político”, afirmaron.