Fueron varios los socios globales de la Unión Europea que presionaron para que se postergue la implementación del reglamento 1115/2023, que dispone el veto a la importación en el bloque de productos cuyo origen haya sido producto de la deforestación, aunque los plazos y las exigencias de la normativa generaron muchos cuestionamientos.
La normativa busca evitar que materias primas como la carne, la soja, la madera y sus derivados consumidos en la UE hayan generado deforestación después de 2020. Con la nueva resolución del Parlamento Europeo, se prevé que la reglamentación entre en vigencia a finales de diciembre de 2025 para las grandes empresas, mientras que en julio de 2026 para las pequeñas y medianas.
Gremios locales como la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) remarcaron que la determinación del Parlamento Europeo refleja la preocupación de varios países sobre lo “excesivo” que podía resultar el reglamento, sobre todo en términos de producción de soja.
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Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, recordó que uno de los principales cuestionamientos a la normativa guarda relación con el manejo físico que pretendía imponer para los granos de soja y su segregación para el traslado, que resulta prácticamente imposible de implementar. “Según datos del Instituto Nacional Forestal (Infona), más del 99,7% de la siembra de soja se hace en áreas libres de deforestación en un periodo posterior a diciembre de 2020. Pero, exigen cuestiones operativas (segregación física de los granos), que no tienen sentido”, remarcó.
Comercio con UE
El director ejecutivo de Capeco recordó que Paraguay comercializa “relativamente poco” de forma directa con la Unión Europea, en términos de producción agrícola, pero aún así se destaca la harina soja.
“Europa sí es un destino de exportación de la harina de soja paraguaya. Lleva aproximadamente el 30% de la producción. Ya de manera indirecta, recordemos que Argentina es el principal destino de nuestros granos, pero los procesa y también exporta de forma industrializada (harina y otros productos). Ahí hay que sumarle otro 20%, de forma indirecta”, agregó.
Por este motivo, Pastore aseguró seguirán pendientes de las modificaciones que se puedan implementar al reglamento 1115. Agregó además que están trabajando en el desarrollo de una plataforma informática para lo relativo a la trazabilidad.
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“Vemos que también hay preocupación en la UE respecto a la continuidad de las cadenas de abastecimiento. Así qué analizaremos qué sucede. Ahora, de la manera en que está previsto el reglamento, es muy complejo poder cumplir para lo que es la soja”, aseveró.
Oportunidades
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se pronunció en el mismo sentido y dijo que la prórroga también permitirá consensuar y desarrollar más acabadamente sistema de trazabilidad para soja.
“Esta decisión no tiene que paralizar los trabajos que se vienen realizando (en cuanto a sistemas de trazabilidad). Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, recalcó.