La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, concluyó la investigación de oficio que había iniciado en agosto último a la millonaria adjudicación de Petróleos Paraguayos (Petropar) para el servicio de limpieza de sus oficinas de la planta Villa Elisa y de la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).
En este caso, la estatal había beneficiado a la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, por G. 4.220 millones, firma que funciona en una humilde edificación de Villa Elisa, donde ofrece servicios de fotocopias, de activación de líneas de celulares e incluso repartían viandas de comidas.
Pero pese a las serias irregularidades denunciadas, la DNCP no profundizó las pesquisas y “no vio” algunos hechos denunciados, como el caso de una funcionaria pública que era accionista de la empresa beneficiada por Petropar y que formaba parte de la directiva de Faluci SA, según la propia declaración jurada que presentó la compañía ante Petropar.
En este sentido, hicieron figurar en la declaración jurada a dos personas en los cargos directivos de la empresa. Una de ellas, Andrea Elysa Zubizarreta Benítez, quien figura como funcionaria de la Secretaría Nacional de Deportes y otra de las representantes es Sylvia María Benítez Zubizarreta.
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Funcionaria no puede ser proveedora, pero salvaron la situación con un sospechoso acuerdo de venta
El hecho de que una funcionaria pública figure en la directiva de Faluci SA pudo constituir una violación de la ley de la función pública, que prohíbe a los funcionarios públicos “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la administración estatal, departamental o municipal, o que sean proveedores o contratistas de las mismas”.
En este sentido, según la denuncia que recibió la DNCP, Faluci SA, en contraste con la información que ha declarado en su oferta, ha presentado un acuerdo de transferencia de la totalidad de sus cuotas sociales, en el que Zubizarreta Benítez transfiere sus acciones a Sonia Pereda Zubizarreta.
“Al transferir totalmente sus cuotas sociales, esta yo no forma porte de la empresa, pero cómo podría ser un miembro del directorio de la misma en estas condiciones”, reza en la denuncia que recibió la DNCP, dejando constancia de que la declaración jurada que presentó Faluci SA contiene información falsa.
Este acuerdo de venta de acciones data del 25 de abril del año 2024, por lo que al realizarse la apertura de ofertas del presente proceso en fecha del 28 de junio de 2024, Zubizarreta Benítez ya no podría formar porte de la directiva de la empresa.
En este sentido, la Declaración Jurada de miembros es un documento fundamental, por el cual los oferentes pueden individualizar los datos de los cargos directivos de las firmas y permiten determinar si estos se encuentran o no dentro de las limitaciones y prohibiciones para contratar con el Estado.
La postura de la DNCP, pese a que el acuerdo no se formalizó
Sin embargo, según la resolución Nº 3378 de la DNCP, con la cual se concluyó la investigación de oficio a la adjudicación de Faluci SA, el hecho de que la compañía haya presentado un acuerdo de venta de las acciones de la funcionaria pública pudo “salvar” la cuestionada adjudicación de Petropar.
Según el documento, Petropar respondió que, aunque el acuerdo de cesión de cuotas fue incluido en los documentos de la oferta, este aún no ha sido formalizado mediante Escritura Pública, por lo que consideró necesario seguir manteniendo a Zubizarreta en el listado de miembros hasta que se complete dicha formalización.
Añadió que en este sentido, es responsabilidad de la firma actualizar su formulario de declaración de miembros, asegurando que refleje fielmente la situación patrimonial y societaria actual, en línea con los principios de transparencia y responsabilidad que exige la contratación pública.
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“Considerando la cesión de sus cuotas por parte de la Sra. Zubizarreta, se interpreta que no existe un interés económico que pueda comprometer su imparcialidad como funcionaria pública. Esta cesión, aunque pendiente de formalización, representa un acto de desvinculación económica y patrimonial que disipa cualquier posible conflicto de intereses, alineándose con los principios de transparencia y responsabilidad en la función pública”, reza en el escrito de la DNCP.
Contrataciones Públicas tampoco vio los graves hechos denunciados ante el ente, como una posible falsificación de documentos, la dudosa experiencia que acreditó la firma para ganar la licitación, el aparente incumplimiento de sus obligaciones con el IPS -donde tenía registrado a un solo funcionario al momento de ofertar a Petropar-, y hasta una posible evasión fiscal.