La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, finalmente concluyó la investigación de oficio que había iniciado en agosto último de la millonaria adjudicación de Petróleos Paraguayos (Petropar) para el servicio de limpieza de sus oficinas de la planta Villa Elisa y de la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).
En este caso, la estatal había beneficiado a la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, por G. 4.220 millones, firma que declaró una ganancia de solo G. 15.678.387 en dos años, y que funciona en una humilde edificación de Villa Elisa, donde ofrece servicios de fotocopias, de activación de líneas de celulares e incluso repartían viandas de comidas.
ABC Color corroboró en su momento que en el sitio declarado por la empresa no se encontró nada que tenga relación con el rubro limpieza, tampoco pudo hallar a algún representante de la compañía. Sin embargo, esta situación ni siquiera fue verificada por Contrataciones Públicas.
La DNCP cerró las pesquisas a través de la resolución N.º 3378, que tiene fecha del 4 de noviembre último, en el que “no vio” irregularidades, a pesar de los graves hechos denunciados ante el ente, como una posible falsificación de documentos, la dudosa experiencia que acreditó la firma para ganar la licitación, el aparente incumplimiento de sus obligaciones con el IPS -donde tenía registrado a un solo funcionario al momento de ofertar a Petropar-, y hasta una posible evasión fiscal.
Tenía contrato de G. 4.000 millones en 2022, pero ese año la firma ganó solo G. 14 millones
Uno de los hechos denunciados ante la DNCP es que Faluci SA presentó para acreditar su experiencia un millonario contrato de limpieza con el conocido Yacht y Golf Club Paraguayo por G. 4.000 millones. Sin embargo, a pesar de tener ese contrato, la firma tenía registrado un solo funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS) en el momento de presentar su oferta a Petropar.
Sobre este punto, la DNCP concluyó: “Respecto a las obligaciones laborales, se señala que la firma Faluci SA solo cuenta con un empleado inscripto en el Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la exigencia no radica en el número mínimo de personal inscrito, sino en que la empresa cumpla con sus obligaciones de seguridad social en el momento de la ejecución del contrato”.
Además, Contrataciones resalta que en el marco de la investigación, la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS ha confirmado que Falucci SA tiene un total de 43 empleados inscriptos (40 activos y 3 inactivos), lo que demuestra su cumplimiento con la normativa.
Pero estos asegurados que cita Contrataciones ya fueron inscriptos tras la adjudicación de Petropar, o sea, se trata de los empleados que hoy se encuentran realizando las tareas de limpieza. En este sentido, la DNCP ni siquiera indagó cómo una empresa que acreditó un millonario contrato como experiencia, con un lujoso hotel, tenía un solo empleado en el momento de presentar su oferta a Petropar.
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DNCP se lava las manos ante posible evasión fiscal
Otro de los puntos investigados por la DNCP es el presunto incumplimiento en las obligaciones tributarias de Faluci SA. Al respecto, como ya se mencionó, la empresa tenía un contrato de limpieza con un hotel por G. 4.000 millones en el 2022 y declaró un capital de G. 3.000 millones; sin embargo, registró una ganancia de solo G. 14 millones ante las autoridades tributarias ese año.
En este caso, la DNCP se lavó las manos alegando: “Respecto a la figura de una evasión fiscal, nos encontramos bajo un ámbito de verificación de cumplimiento que no condice con la atribución de esta Dirección Nacional. El mismo debe ser objeto de análisis por parte del comité de evaluación (de Petropar) al momento de verificar el cumplimiento con el sistema de índole tributario y que las documentaciones presentadas se ajusten a ella”, alegó.
En este sentido, Contrataciones ni siquiera verificó la existencia del contrato que la firma presentó para justificar su experiencia en el rubro de limpieza. Solo se limitó a resaltar que “la integridad y veracidad de las documentaciones remitidas por la oferente queda a su entera responsabilidad, recordemos que, la oferta es acompañada de un formulario que posee el carácter de declaración jurada”.
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Con acuerdo de venta, desvincularon a funcionaria de Faluci
Otro de los hechos que investigó la DNCP es que la empresa beneficiada por Petropar declaró a dos personas en cargos directivos. Una de ellas, Andrea Elysa Zubizarreta Benítez, quien figura como funcionaria de la Secretaría Nacional de Deportes, que podría constituir una violación de la ley de la función pública, que prohíbe a los funcionarios públicos “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración estatal, departamental o municipal, o que sean proveedores o contratistas de las mismas”. Otra de las representantes es Sylvia María Benítez Zubizarreta.
Al respecto, Contrataciones Públicas señaló que la empresa presentó ante Petropar “un acuerdo de venta de cuotas sociales en el que la señora Zubizarreta transfiere sus cuotas a la señora Sonia Pereda Zubizarreta”. Al respecto, Petropar solo manifestó que, dado que el acuerdo no se ha formalizado mediante escritura pública, es correcto mantener a la Sra. Zubizarreta en el listado de miembros hasta que se formalice dicho acuerdo.
“Considerando la cesión de sus cuotas por parte de la Sra. Zubizarreta, se interpreta que no existe un interés económico que pueda comprometer su imparcialidad como funcionaria pública. Esta cesión, aunque pendiente de formalización, representa un acto de desvinculación económica y patrimonial que disipa cualquier posible conflicto de intereses, alineándose con los principios de transparencia y responsabilidad en la función pública”, resaltó la DNCP.
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Otro de los hechos denunciados ante la DNCP es que la firma habría presentado documentos presuntamente falsos. Según el escrito, el pliego establece requisitos específicos que deben cumplir los productos utilizados para las fumigaciones en las oficinas y espacios donde se prestará el servicio.
En este sentido, una sola fabricante del país tiene el producto de fumigación requerido y Faluci SA habría falseado dicha autorización para cumplir con las exigencias, según la denuncia que recibió el ente.
Sobre este punto, la DNCP destacó que “no se visualiza la exigencia de presentar conjuntamente con la oferta la autorización del fabricante, por corresponder a una documentación requerida durante la ejecución, no obstante, obra en autos la autorización del fabricante”.
ABC Color hasta ahora no pudo ubicar a algún representante de la compañía para tener su versión.