El proyecto de ley, respaldado por varias organizaciones, entre ellas ANDE Pueblo Mba’e, Itaipú Causa Nacional y el Partido Paraguay Pyahurã (PPP), busca que la energía eléctrica sea un derecho humano, similar a la educación o a la salud. Según la exviceministra de Minas y Energía, Ing. Mercedes Canese, una vez certificadas las firmas, el Senado tendrá un plazo máximo de tres meses para tratar la iniciativa.
“Lo más probable es que este tema se trate el próximo año, pero nos estaremos movilizando para intentar que se debata este año, considerando la importancia de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú”, agregó, subrayando la relevancia del momento político para avanzar en una reforma que beneficie a los sectores más vulnerables.
La propuesta no solo busca declarar la energía como un derecho, sino también reformar el sistema tarifario para hacerlo más accesible. El anteproyecto establece una tarifa social ampliada, con descuentos de hasta el 90% para familias que consuman menos de 100 kWh/mes, y reducciones menores pero significativas para consumos medianos, entre 1.000 y 1.500 kWh/mes. También se prevén tarifas gratuitas para adultos mayores sin ingresos y comunidades indígenas, hasta un consumo de 300 kWh/mes.
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“Con esta ley, no solo estamos hablando de acceso a la electricidad, sino también de una redistribución más justa de los recursos energéticos”, destacó Canese. La propuesta incluye a las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las Juntas de Saneamiento, con el fin de garantizar que tanto la energía como el agua se reconozcan como derechos fundamentales.
Financiamiento del proyecto
Uno de los puntos clave del anteproyecto es la asignación del 50% de la renta eléctrica nacional, que promete US$ 1.250 millones anuales, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). “Con esto, ANDE tendría los fondos necesarios para implementar la tarifa social y mejorar la calidad del servicio”, explicó Canese.
Además, los altos salarios y gastos discrecionales de las binacionales hidroeléctricas deberán ser redirigidos para financiar el subsidio, estimado en US$ 200 millones anuales. “El financiamiento es claro y posible, lo que falta ahora es la voluntad política para llevar a cabo”, subrayó, por su parte, el exparlasuriano, Ing. Ricardo Canese.
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La Ing. Canese también instó a la ciudadanía a seguir apoyando la causa, recordando que aún es posible firmar de manera digital el proyecto, a través de la página web del TSJE, ingresando al siguiente enlace https://iniciativapopular.tsje.gov.py/apoyo.php?q=13.