En diciembre del año pasado la deuda pública cerró el ejercicio 2023 en US$ 16.565,9 millones, lo que en aquel entonces representaba el 38,5% del PIB.
A los bonos emitidos en el mercado local por el nuevo gobierno de Santiago Peña (ANR cartista) en diciembre último, para pagar deudas a farmacéuticas y constructoras, se le sumó en enero del presente ejercicio un endeudamiento de US$ 13,9 millones y en febrero US$ 882,9 millones, tras la emisión de bonos soberanos.
Los siguientes dos meses, marzo y abril, la deuda se redujo levemente US$ 21,5 millones y US$ 20,4 millones, respectivamente; mientras que en mayo volvió a sumar US$ 229,3 millones y luego en junio, US$ 109 millones.
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En total de enero a junio la deuda se incrementó US$ 1.193,2 millones, lo que implica 7,2% más con respecto al monto con que cerró el año pasado.
A junio, de este modo, la deuda pública total alcanzó US$ 17.759,1 millones, lo que representa 39,3% del PIB, ya muy cerca del 40% que para muchos organismos internacionales es el nivel máximo de endeudamiento del país.
De este monto total, US$ 15.394,6 millones (34% del PIB) corresponde a la deuda externa contraída con bonos y con organismos financieros internacionales; y US$ 2.364,45 millones (5,2% del PIB) a la deuda interna contraída en el mercado local con, principalmente, la emisión de bonos.
Informe de Moody’s y del FMI
La agencia calificadora de riesgo Moody’s anunció el pasado 26 de julio que otorgó el grado de inversión a Paraguay al elevar su calificación de Ba1, con perspectiva positiva, a Baa3, con perspectiva estable.
En su informe la agencia argumenta los motivos del grado de inversión, pero también señala los eventuales riesgos de perder la categoría en el caso de que no se cumplan con las expectativas de la entidad.
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Al respecto, menciona la necesidad de preservar la fortaleza fiscal con la reducción del déficit, mantener en los próximos años un crecimiento económico promedio de 3,5% y que la carga de la deuda se mantenga en torno al 40% del PIB.
Un mes antes, el 27 de junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre los resultados de la evaluación realizada a la economía paraguaya, en el marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo, señala que la deuda de Paraguay tiene una tendencia estabilizadora, respaldada por fundamentos económicos auspiciosos y compromiso de retornar al tope de déficit fiscal (1,5% del PIB en 2026).
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El organismo internacional, sin embargo, alerta que a largo plazo los sistemas de pensiones y de salud enfrentan desafíos y riesgos, debido a que las necesidades de financiamiento crecerán sustancialmente y podrían conducir a una explosión de la deuda pública en 30 años.
A criterio de la entidad esto confirma la necesidad urgente de reformar los fondos de pensiones y restablecer su sostenibilidad financiera a largo plazo.
El FMI indica que de acuerdo a las proyecciones la deuda por debajo del 40% del PIB no es motivo de preocupación importante, pero advierte que las proyecciones demográficas de largo plazo revelan que las necesidades de financiamiento de pensiones de Paraguay crecerán sustancialmente durante los próximos 30 años y que si no se aborda esta cuestión, la deuda pública podría aumentar hasta aproximadamente 70% del PIB en 30 años.
Reformas que están pendientes
Sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, que acumula pérdidas cada año y se estima que en 2027 se acabará sus reservas, no existe un proyecto de ley de reforma, el gobierno de Peña aguarda primero la aprobación del proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil, que aún está en estudio en el Congreso y en debate con los sectores afectados.
A su vez, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que fue aprobado el año pasado no se puede aún implementar por la imposibilidad de conformar el Consejo de Seguridad Social, por lo que las cajas de pensiones con muchos problemas financieros continúan sin control.