Menos inversión pública ejecutada

En el primer semestre del año la inversión pública cayó en un 26% comparando con el mismo periodo del año pasado, según los datos que forman parte del informe de “Situación Financiera” al mes de junio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El recorte de la inversión pública tiene su impacto en la actividad económica del país.Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
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El reporte de Situación Financiera (Situfin) correspondiente al primer semestre del año incluye, entre otros, un análisis sobre la coyuntura macroeconómica del país, los ingresos recaudados, los gastos efectuados, la inversión pública ejecutada y el resultado fiscal al cierre de cada mes.

A junio creció el ingreso total en un 20,6%, dentro de este grupo la recaudación tributaria subió 23,5%; el gasto total aumentó 11,8%, dentro de este segmento el salarial se incrementó 7,8%; pero la inversión pública necesaria para dinamizar la economía cayó 26%.

Las autoridades del MEF mencionaron durante la presentación del Situfin, que la inversión repuntó desde marzo situándose en torno a los niveles observados en el periodo prepandemia, aunque se mantiene muy por debajo de lo ejecutado en el semestre del año pasado.

Se destinaron fondos para la inversión pública por G. 2,2 billones (US$ 310,9 millones) en el semestre, mientras que el año pasado en este mismo lapso se ejecutaron más de G. 3 billones (US$ 420,1 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 803.900 millones (US$ 109,2 millones) y equivale a -26%.

Recorte en línea con meta fiscal

El recorte de la inversión es para que los resultados fiscales se pongan en línea con la meta de déficit prevista para este año de 2,6% del PIB, atendiendo que a junio el anualizado se estancó en 3,2% de PIB.

La disminución del déficit anualizado de 4,1% registrado al final de diciembre del año pasado a 3,2% concretado a junio último, se da principalmente por la vía del recorte de las inversiones públicas, con sus consecuencias en la actividad económica del país.

El plan de convergencia fiscal del gobierno también contempla para el año venidero un máximo de déficit fiscal de 1,9% del PIB y en 2026, el retorno al tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

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