FMI libera fondos para el país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el primer desembolso de unos US$ 100 millones correspondiente al préstamo otorgado en diciembre del año pasado en el marco del programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)”, que incluye el compromiso del gobierno paraguayo de implementar reformas relacionadas al clima.

El equipo técnico del FMI, liderado por Mauricio Villafuerte, durante la última reunión que realizó con las autoridades paraguayas, en mayo pasado.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió ayer un informe para anunciar que el directorio del FMI aprobó la evaluación realizada a la economía paraguaya y el cumplimiento de las reformas acordadas.

La misión técnica del FMI estuvo en el país del 29 de abril al 8 de mayo para evaluar la economía paraguaya en el marco de la Consulta del Artículo IV, los compromisos asumidos para la implementación del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

Las conclusiones sobre la evaluación económica, de la tercera revisión del ICP y de la primera revisión del SRS fueron elevadas a consideración del directorio del Fondo, que ayer analizó el tema y dio su visto bueno.

El informe refiere que durante la reunión los directores destacaron “los esfuerzos del Gobierno por preservar la estabilidad macroeconómica y los avances en la aprobación de reformas estructurales necesarias que habían sido postergadas”.

Añade que este esfuerzo resultó en un crecimiento económico robusto, una baja inflación, una dinámica positiva en las exportaciones y un sistema bancario estable y rentable.

Evaluaciones realizadas por el FMI

En cuanto a la evaluación del acuerdo del SRS, el cumplimiento de Paraguay de tres medidas de reforma permite al gobierno de manera inmediata al acceso financiero a 75,5 millones de los derechos especiales de giros (DEG), que equivalen a aproximadamente a US$ 100 millones, indica el informe de la cartera.

Préstamo de US$ 400 millones

Los referidos fondos forman parte de los US$ 400 millones solicitados por el gobierno de Santiago Peña y otorgados por el FMI en diciembre del año pasado, con el compromiso de implementar reformas relacionadas al clima.

El Ministerio de Economía explica que este préstamo se dio en condiciones financieras considerablemente favorables: a 20 años de plazo, incluyendo 10 años y medio de gracia, y una tasa de interés que, sumando el margen de 95 puntos básicos sobre la tasa de DEG y 50 puntos básicos por comisiones, se sitúa actualmente en torno al 5,46% anual.

La cartera indica en su informe que el FMI destaca que el gobierno paraguayo reafirmó su compromiso con la continuidad de las reformas guiadas por los acuerdos ICP y SRS. “Entre las prioridades destacadas se encuentran la reconstrucción de los márgenes fiscales, la sostenibilidad del fondo de pensiones para los servidores públicos y la mejora en la supervisión de las empresas públicas para limitar los riesgos contingentes”, indica.

Asimismo, “se subraya la importancia de mejorar la focalización de los programas de asistencia social y reducir los costos de los servicios financieros para fomentar un crecimiento equitativo y sostenible”.

Lucha contra la corrupción

También agrega que la lucha decidida contra la corrupción y la reducción de la informalidad son esenciales para minimizar los riesgos reputacionales y atraer más inversiones, especialmente en proyectos verdes.

El informe indica que los directores mencionaron además, que las medidas de reforma tendientes a promover el crecimiento sostenible serán cruciales para reducir la vulnerabilidad de Paraguay ante el cambio climático y preservar sus importantes activos naturales y matriz de energía limpia.

“En esta línea, el FMI resaltó el rol de los acuerdos ICP y SRS en apoyar los objetivos de reformas macroeconómicas y estructurales de las autoridades paraguayas, así como su agenda de política climática”, expresa la cartera.

Otro punto que se menciona es la importancia de la consolidación fiscal para restaurar los márgenes fiscales y garantizar la sostenibilidad de la deuda. “Por lo tanto, es fundamental implementar políticas que mejoren la eficiencia del gasto y optimicen la recaudación tributaria, protegiendo así el gasto social y las inversiones prioritarias”, afirma.

Déficit fiscal y déficit de la Caja Fiscal

El informe no habla de esto, pero sobre las márgenes fiscales este año la administración central debe cerrar con un máximo de 2,6% del PIB de déficit fiscal, como lo establece el plan de convergencia fiscal que implementó el gobierno de Peña.

En tanto, en lo que se refiere en el informe al fondo de pensiones del sector público, es la situación de la Caja Fiscal cuya reforma no avanza y sigue consumiendo importantes recursos de los impuestos pagados por los contribuyentes, en los últimos años representa casi US$ 1.300 millones.

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