Con bombos y platillos la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, firmó ayer la resolución Nº 1.081 con la cual adjudicó la primera licitación de este Gobierno, para el asfaltado de la ruta PY17, conocida también como “ruta de la soberanía”, que abarca los departamentos de Amambay y Canindeyú. Fue durante la jornada de Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en el departamento de Amambay.
La adjudicación en cuestión es para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pyta - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107).
A pesar de que la resolución se rubricó a tempranas horas de ayer, el MOPC seguía sin socializar el escrito hasta horas de la noche, lo que fue llamativo. Pero este diario pudo acceder al documento y se pudo corroborar que la obra se adjudicó en cuatro lotes por un monto de G. 1.453.530 millones (US$ 199,1 millones al cambio actual).
El lote 1 se otorgó al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, representado por Guillermo Mas y Paul Sarubbi (presidentes de Capaco y Cavialpa respectivamente); por G. 391.554 millones, que presentó la segunda oferta más baja para este lote.
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Por otro lado, el lote 2 se concedió al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, representado por Edgardo Wasmosy, Ruben Darío Bogarin Canale y Sara Blanco de Dose; por G. 349.929 millones, la tercera oferta más barata.
Lote 3 se adjudicó a empresa mexicana denunciada por falsificación
Asimismo, el lote 3 se adjudicó a la firma mexicana Calzada Construcciones SA, por G. 384.595 millones. Dicha empresa extranjera todavía no está inscripta como proveedora del Estado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y, además, fue sancionada en Perú por “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país, según una denuncia que recibió la DNCP.
Justamente, tras esta denuncia, Contrataciones Públicas, cuyo titular es Agustín Encina, ordenó el jueves último la apertura de una investigación de oficio a la citada licitación, a través de la resolución Nº 1.624, concretamente por las denuncias en contra de dicha empresa. De acuerdo con el escrito que recibió la DNCP, Calzada Construcciones SA habría hecho en nuestro país lo mismo que en Perú, para poder presentarse en la licitación de la ruta de la soberanía, pues todo apunta a que negó sus antecedentes en el país andino en los documentos oficiales.
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Según la denuncia arrimada en la DNCP, la licitación de la ruta de la soberanía se rige por las políticas de adquisiciones de Fonplata, financista de la obra, y la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Resalta que, en cualquiera de los casos, existe además un convenio de integridad en la sección VI – Condiciones Especiales del Contrato, donde las empresas deben suscribir declaraciones y en el cual Calzada Construcciones afirmó que “ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas (etc) han participado o participarán, en ninguna práctica prohibida”.
Siempre según el escrito presentado ante contrataciones, estas declaraciones “evidentemente fueron tergiversadas (por Calzada) para poder participar de esta licitación”. “Cómo puede el MOPC admitir esa declaración al tener conocimiento de la sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado del Perú. Ello se complementa con la declaración jurada del artículo 40 (de la ley 2051), que fuera igualmente falseada para este efecto”, resalta la denuncia que recibió la DNCP y por la que abrió una investigación de oficio.
¿Quién está detrás de Calzada Construcciones?
Este diario intentó tener la versión de Calzada Construcciones SA respecto a la denuncia que se presentó en la DNCP, pero no tuvimos respuestas al correo que figura como único contacto de la firma en el acta de apertura de sobres del llamado de la ruta de la soberanía. Dicho correo corresponde a Duperly Rivera, al parecer, representante de la firma extranjera. Como no está inscripta como proveedora del Estado, nadie sabe aún quién o quiénes está detrás de la empresa que se ganó este jugoso contrato del MOPC.
También consultamos con la ministra Claudia Centurión por qué adjudicaron la millonaria obra a una empresa con antecedentes de falsificación, pero solo se limitó a decir a través de un mensaje por whatssap: “La empresa Calzada no se encuentra dentro de las inhabilidades del pliego de bases y condiciones de la ruta de la soberanía. El MOPC se debe ajustar estrictamente a la legislación y las bases y condiciones establecidas en el proceso”.
Cuando se le insistió si tiene conocimiento de la investigación que inició la DNCP, justamente por el oscuro historial de la citada compañía, Centurión pidió canalizar las consultas a través de la Dirección de Comunicaciones. Pero dicha dependencia ni siquiera socializó la resolución de adjudicación al cierre de esta edición pues dependían de la ministra para ello.
Por último, el lote 4 fue otorgado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por 327.452 millones, la cuarta oferta más barata. Este grupo está representado por Francisco Griñó.