Pese a reguladas, Cetrapam presiona para renovar permisos sin licitación

El titular de Cetrapam, Cesar Ruíz Díaz, señaló que el Viceministerio de Transporte está avanzando con los sumarios para la renovación de las licencias de las empresas del transporte público sin licitación. Aseguró que si el Gobierno abre la competencia por los itinerarios ninguna firma tendrá interés en explotar el servicio de buses. Mientras tanto, Opama resaltó que las licencias se deben licitar, según la normativa vigente. El paro anunciado desde hoy se pospuso para el 11 de junio.

Los usuarios del transporte público son los que más sufren por las reguladas de colectivos. Aún así Cetrapam quiere renovar sus permisos sin licitación.ABC TV
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Además de aumentar el monto del subsidio percibido, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), liderado por César Ruíz Díaz, también está exigiendo al Gobierno la renovación de los permisos de explotación del servicio de transporte público sin licitación, según el gremio, conforme a lo establecido en la Ley Nº 1.590/2000 y sus modificatorias.

La normativa “regula el sistema nacional de transporte” y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Nacional de Transporte del Área Metropolitana (Setama), esta última eliminada en el 2014 -a través de la Ley Nº 5.152- y cuyas atribuciones fueron derivadas al Viceministerio de Transporte (VMT), que depende del MOPC.

Ruíz Díaz confirmó el viernes último, luego de la reunión tripartita con autoridades del Gobierno, que el VMT está avanzando con los sumarios a las empresas de su gremio, que según mencionó consiste en el paso previo para la renovación de los permisos de explotación de buses sin licitación, una de las exigencias del gremio para no ir al paro. “Han avanzado sobre la instrucción sumarial a las empresas de transporte a efectos de la renovación de sus permisos”, expresó muy conforme el vocero de los colectiveros.

De esta forma, con la amenaza del paro que sigue vigente y que fue pospuesto para el 11 de junio, Cetrapam está presionando al Gobierno para que sus socios puedan continuar con sus licencias sin competir con otras empresas. Actualmente este gremio de transportistas ofrece un pésimo servicio de buses a la ciudadanía e incluso Ruíz Díaz admitió que realizan reguladas para “ahorrar”, pero aún así pretende que se les renueve sus permisos.

Reunión tripartita que se realizó el viernes último en el Ministerio de Trabajo entre autoridades del Gobierno y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

Competencia no es necesaria, según Cetrapam

Cuando se le consultó por qué el VMT no licita los itinerarios, como establece la ley vigente, el representante de Cetrapam señaló que la competencia no es necesaria para la renovación de las licencias y que si se realiza una licitación ninguna empresa demostrará interés.

“La renovación de licencias se da cada siete años según la ley. Es decir, cuando vence, el Viceministerio (de Transporte) tiene que instruir un sumario administrativo a efectos de renovar el permiso o no renovarlo si no reúne las condiciones. Si no se renueva, se licita. Pero, ¿qué pasó acá?; han quebrado 20 empresas y nunca más nadie licitó porque a nadie le interesa entrar en el sistema”, expresó.

Sin embargo, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) resaltó en la denuncia penal que presentó la semana pasada, ante el Ministerio Público, que la Ley 1.590/2000 establece que las licencias se deben licitar.

El gremio destacó que esta norma, en su artículo 37, establece que “las concesiones de servicios se otorgarán por licitación y por tiempo limitado y éstas podrán ser evaluadas y consideradas como bienes”.

Asimismo, el gremio de pasajeros aseveró que esta exigencia de renovación de los permisos “es un aspecto verdaderamente extorsivo” de Cetrapam, puesto que el artículo 38 de la misma norma establece que “se requerirá de una licitación pública en base a los pliegos de condiciones determinados por los organismos creados en esta ley”. ¿Por qué colocar como reclamo una cuestión que ya se encuentra regulada?, se preguntó Opama.

Al parecer, desde la promulgación Ley 1.590 en setiembre del año 2000, hace casi 24 años, las autoridades competentes vienen aplicando solo el artículo 47 de esta normativa, el cual establece que “las resoluciones de permiso de explotación de líneas otorgadas por el MOPC, vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, seguirán vigentes hasta la fecha de su término, al cabo del cual podrán renovarse por períodos de siete años, previo cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos exigidos”.

Estado no sanciona a empresas por regulada de buses.

Una resolución del viceministerio de Trabajo pospuso el paro

A través de la resolución Nº 257, el Viceministerio de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) resolvió suspender el paro del transporte público por 22 días, decisión que se tomó tras no lograr un acuerdo entre el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Cetrapam. El escrito se rubricó el viernes último tras la reunión tripartita que se desarrolló en dicha institución entre los representantes de los colectiveros y el VMT.

Con este aplazamiento, el paro anunciado a partir de hoy se pospuso para el martes 11 de junio. En este sentido, el Viceministerio de Trabajo, cuyo titular es César Segovia, intimó en la citada resolución a Cetrapam a que cese de inmediato la medida y dispuso la instalación de una comisión bipartita “encargada de la conciliación de los intereses de las partes durante el plazo de suspensión”.

Asimismo, el documento resaltó que durante el procedimiento de conciliación no se suspenderá la prestación de servicios imprescindibles del transporte público. El viceministro Segovia explicó que la determinación de aplazamiento se basó en la atribución que tiene el Ministerio de Trabajo, bajo el amparo de la ley Nº 1626 de la Función Pública, que establece que el transporte de pasajeros es un servicio imprescindible para la ciudadanía.

Sin embargo, las autoridades se olvidan de la ley Nº 6789/2021, que considera como delito de coacción y perturbación de servicios públicos cualquier amenaza de paro por parte de los colectiveros y que además establece sanciones a las reguladas.

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