La Campaña Itaipú ñane mba’e señala que quedan dudas abiertas, fundamentales, sobre los fondos que se logran al fijarse la tarifa en US$ 19,28 kWmes hasta 2026.
Concretamente, algunas de las preguntas que se hacen son: ¿Quién decidirá y en qué se invertirán los nuevos fondos a ser ingresados? ¿Qué porcentaje de los fondos anunciados son nuevos, y cuáles ya estaban presupuestados previamente? Los nuevos fondos ¿pasarán por el PGN o serán manejados discrecionalmente? ¿Serán transparentados y auditados? ¿Cómo? ¿Se invertirán en el desarrollo o irán al pago de la deuda externa de los bonos y a deudas actuales del gobierno con los transportistas y empresas, entre otros?
Mencionan que con la tarifa se llega a US$ 280 millones en Royalties, US$ 650 millones en inversiones sociales y US$ 265 millones de compensación. Además, habilitan la venta del excedente de energía paraguaya al mercado brasileño y se inicia la negociación del Anexo C.
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“La estrategia del gobierno no fue acertada. El logro es altamente menor de lo que podría haber sido con una estrategia ganadora, como varias organizaciones -entre ellas, la Campaña- veníamos proponiendo. La tarea ahora es lograr que este paso sea de beneficio para el desarrollo, y que la revisión del Anexo C, que definirá el futuro de Itaipú, revierta esta tendencia de ‘Itaipú para unos pocos’, y conquistemos un ‘Itaipú para todas y todos’, reflexionan en un comunicado.
Sobre el Anexo C, las preguntas ahora son ¿Qué propuesta tiene el gobierno al respecto? ¿Tomó en consideración la vasta evidencia científica generada por las organizaciones, academia, referentes y el Estado al respecto? ¿Se dará un proceso de participación ciudadana real y vinculante para definir este futuro de Itaipú y garantizar el interés nacional? De ser así, ¿cuándo y cómo?