“Hablando se entiende la gente”, reza un dicho popular. Eso fue lo que sucedió entre los gremios empresariales vinculados a la producción agrícola, la industria aceitera, la exportación de granos y las cooperativas de producción. Ellos en general no estaban de acuerdo en cómo trabajar para enfrentar el desafío de mantener abierto el mercado de la Unión Europea (UE), ante la exigencia impuesta por dicho mercado con el Reglamento 1115/2023.
Pero la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas (Cappro) decidieron firmar el 30 de abril último un memorandum de entendimiento intergremial, dado a conocer este viernes.
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Su objetivo es trabajar en conjunto, sectores público y privado, en el marco del decreto 1541/ 2024 y la resolución 368/ 2024 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que son normativas locales promovidas con miras a que Paraguay pueda cumplir el reglamento UE 1115.
El memorandum busca definir sistemas de adhesión voluntaria que permitan, en base a la legislación paraguaya, demostrar la sostenibilidad de la producción y cumplir la exigencia de UE, según se informó.
Si bien dicho memorandum se firmó hace tres semanas, lo dieron a conocer hoy, luego de concretarse un acuerdo de cooperación y trabajo permanente de los citados gremios con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).
El trabajo con Argentina
Con la cooperación Ciara-Cec quieren establecer herramientas comunes que simplifiquen la comercialización de granos de soja y subprodutos, entre compradores de ambos países, buscando armonizar los sistemas de identidad de los productos, conforme a los estándares internacionales.
En cuanto a nuestro país, ya se venían impulsando iniciativas. Como el decreto del ejecutivo del 16 de abril, que creó un equipo de trabajo para la evaluación e implementación del sistema de trazabilidad ambiental, con miras a cumplir con las reglas que impone la UE.
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El propósito fue concretar una coordinación entre sectores público y privado. El equipo lo conforman el MIC, los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), de Relaciones Exteriores y del Ambiente. No se incluyó al Instituto Forestal Nacional (Infona), un actor clave. Ahora, adicionalmente, se trabajará con Argentina.
¿En qué consiste el reglamento 1115?
El reglamento UE Nº 1115/2023 establece exigencias socioambientales a todos los países que exportan carne bovina, soja, cacao, café, palma aceitera, caucho o madera a esa región. A Paraguay le afecta principalmente por los dos primeros rubros citados.
Los importadores de los 27 países europeos son los sujetos de dicha norma y ellos deben demostrar que los bienes que introducen a ese mercado no provienen de parcelas que hayan sido deforestadas ni sufrido degradación ambiental –desde el 1 de enero de 2021 en adelante–; además, que se hayan respetado derechos de pueblos originarios y derechos laborales, así como cumplido con la legislación local pertinente en todas esas materias.