Los datos forman parte del Informe de la Tesorería General, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que detalla la transferencia de recursos realizada de enero a abril del presente ejercicio, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El informe da cuenta de que en el primer cuatrimestre del año se transfirieron recursos con todas las fuentes de financiamiento (recursos del Tesoro, crédito público y recursos institucionales) por un monto total de más de G. 16 billones (US$ 2.178,6 millones).
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“Las transferencias hechas en el primer cuatrimestre del 2024, con todas las fuentes de financiamiento, muestran un crecimiento interanual del 6,9%”, indica el informe.
La nota menciona, sin embargo, que en lo que respecta a los financiados con recursos del Tesoro se verifica un incremento del 10%, que se explica principalmente con los rubros de servicios personales y deuda pública.
Aumento en servicios personales
A servicios personales (salarios y otros beneficios de los funcionarios) destinaron más de G. 6,5 billones (US$ 888,8 millones), que representa un incremento de G. 444.429 millones (US$ 60,3 millones), equivalente a 7,3% más que el año pasado.
El gasto salarial claramente aumenta, pero en comparación con los ingresos tributarios, el porcentaje disminuye debido al incremento que registra la recaudación. Según los datos divulgados por el MEF, al mes de abril esta relación representa 60,2%, contra más de 70% del año pasado y anteriores.
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Las transferencias de fondos para ejecutar las inversiones públicas, por su parte, registran una caída del 67,1%. En el primer cuatrimestre se destinaron G. 598.768 millones (US$ 81,2 millones), lo que representa una reducción de G. 1,2 billones (US$ 165,6 millones) con respecto al mismo periodo del año pasado.
Déficit fiscal e inversión pública
La importante reducción en inversiones públicas obedece a que la administración central debe cerrar este año con un déficit máximo de 2,6% del PIB, como lo establece la ley de presupuesto y el nuevo plan de convergencia fiscal implementado por el gobierno de Santiago Peña, luego de alcanzar un saldo rojo de 4,1% en 2023 tras pagar deudas con empresas constructoras y farmacéuticas.
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El plan de convergencia contempla, además, que el próximo año el déficit debe bajar a 1,9% del PIB y para el cierre del ejercicio 2026 retornar al tope de 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.