Con la presencia de autoridades, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició ayer el “diálogo competitivo” con los cinco grupos que fueron precalificados y que podrán participar de la licitación para el mejoramiento y duplicación de la ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy (108 km), carretera que hoy está en pésimas condiciones.
La obra se ejecutará en el marco de la Ley N° 5.102/14, más conocida como Alianza Público Privada (APP), con la cual el sector privado debe conseguir la financiación de la obra y la inversión se recupera en el largo plazo de los peajes y aportes del Estado. En este caso, el plazo de concesión de la carretera será de 30 años y requerirá una inversión de US$ 450 millones.
La ministra de Obras, Claudia Centurión, aseguró a los medios de prensa que el 70% del proyecto será sostenible con la recaudación del peaje y el 30% con aporte estatal. En los proyectos vía APP se crea un fideicomiso en el que se depositan tanto la recaudación de los peajes como el aporte del Estado y dichos fondos se usan para cubrir los pagos ofertados por la empresa que resulte ganadora.
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“El modelo económico-financiero, los primeros números que tenemos y de acuerdo a la demanda de tráfico esperada, hace que el proceso sea sostenible en un 70% aproximadamente con el flujo de los peajes y ese 30% sería un aporte, un esfuerzo del Estado en el largo plazo”, expresó la ministra.
Empero, este escenario no se podría cumplir, atendiendo a los antecedentes de la duplicación la ruta PY02, que es el primer proyecto que se ejecutó con esta modalidad, donde solo el 30% de la inversión se cubre con lo recaudado en dos puestos de peajes y el resto, o sea el 70%, se cubre con fondos del Estado, que aporta más de US$ 90 millones al año al fideicomiso de la APP, de manera a que el proyecto sea factible.
MOPC: no se crearán nuevos peajes
En este caso, en el tramo a ser intervenido solo se tiene el peaje de Itá y, según la ministra, no se crearán nuevos puestos, por lo que sería imposible que se cumpla lo que afirmó, a no ser que la tarifa que paguen los usuarios de la ruta sea muy elevada.
Al ser consultada sobre esta situación, Centurión señaló que en el caso de la ruta PY02 se tienen más kilómetros y que “son proyectos totalmente diferentes”, pero se olvidó de que en dicha carretera concesionada, en un tramo de 150 km, se tienen dos peajes, mientras que en la ruta PY01 se cuenta con un solo puesto. Claramente son proyectos viales similares e incluso la ruta PY02 tiene más tránsito que la ruta PY01, pero aún así no se financia de los peajes.
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El ministro de economía, Carlos Fernández Valdovinos, también estuvo en el evento y señaló que espera que el “cheque” que tenga que pagar la cartera a su cargo “no sea tan alto”.
Con el “diálogo competitivo” las empresas precalificadas pueden realizar consultas y recomendar mejoras, adiciones o ajustes al pliego de bases y condiciones (PBC) o a la proforma del contrato.
Según la resolución ministerial N.º 2218, los consorcios precalificados son: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.