El proyecto de ley “Que modifica parcialmente el artículo 173 de la Ley N° 1160/97 del Código Penal”, presentado por el diputado cartista Alejandro Aguilera, busca que la pena privativa de libertad por el robo de energía eléctrica suba de tres años, que es actualmente, a 10 años en casos graves.
Además propone que haya comiso automático y que los bienes pasen a ser administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), y que luego, apenas haya sentencia firme en la causa, que queden para el Estado, dijo.
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Explicó que actualmente se hace un allanamiento, pero que no confiscan los bienes, que quedan en el lugar y que luego, cuando se enfría la causa, vuelven a funcionar esas granjas ilegales de criptomonedas. “De esta manera, entonces, desalentaremos también esta actividad porque ya va a tener una pena más gravosa para la persona que está incurriendo en ese delito”, añadió.
Refirió que las computadora que se usan para hacer criptomonedas cuestan millones, pero que hasta ahora, debido a chicanerías o complicidad de la Justicia no pasa absolutamente nada.