En medio de los discursos de austeridad y eficiencia del gasto público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió a contramano al autorizar “equiparaciones salariales” para sus funcionarios entre G. 1.000.000 y G. 4.000.000 por la nueva estructura del ministerio. La misma “adecuación” también hizo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a sus funcionarios.
Sobre esta situación que abre puertas a que otros entes puedan solicitar equiparaciones, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira mencionó que la remuneración salarial del sector público debe ser equitativa y eficiente para generar en las personas el nivel de trabajo necesario.
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“Cuando hacemos equiparaciones en un solo lugar nos quedamos desfasados y es complicado teniendo en cuenta la rigidez que ya tienen nuestro sistema de gasto público que está vinculada al salario”, expresó Ferreira en una entrevista a la 1020AM.
Dijo también que al final este tipo de decisiones terminan afectando la credibilidad del Gobierno en cuanto a su discurso de la contención y eficiencia del gasto. “Esto hace que todo el mundo empiece a pedir lo mismo y puede generar incrementos importantes en el rubro de salario, remuneración y contrataciones, lo que termina fortaleciendo aún más esa rigidez en el gasto público”, expresó.
Este año se tiene presupuesto para el pago de salarios G. 22,5 billones (US$ 3.102,2 millones), que implica un aumento de G. 1,4 billones (US$ 204,2 millones) con respecto al monto ejecutado en el ejercicio anterior. Solo en el primer mes del año, el gasto salarial de la administración central aumentó 9,4% con relación a lo abonado el año pasado.
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Reformas necesarias
Por otra parte, indicó que se debe avanzar en reformas importantes si se quiere lograr una mejor calidad del gasto público, sobre todo en lo referente a remuneraciones. “Tenemos que tener una discusión profunda sobre el cómo vamos a remunerar a los funcionarios. El esquema de remuneración debe tener un resultado positivo” expresó.
El economista añadió que se debe buscar una reducción de la discriminación salarial, equiparando el sistema de remuneración del sector público teniendo en cuenta el código laboral que rige para el sector privado.
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Detalló que persisten una enorme diferencia no solo en el esquema salarial entre sector público y privado, sino también en los beneficios sociales, como los requisitos para la estabilidad laboral o para la jubilación, puntos que deben ser abordados en una discusión integral.