El año pasado la deuda con los organismos financieros internacionales, tenedores de bonos e inversionistas aumentó 10%, lo que implica US$ 1.512,2 millones más con respecto a la cifra registrada en el ejercicio anterior; mientras que en los últimos cinco años se incrementó 106%, lo que representa US$ 8.525 millones más.
Los datos de la cartera económica dan cuenta que en 2022 el ejercicio fiscal cerró con un saldo de deuda de US$ 15.053,7 millones, equivalente al 36% del PIB; y el año pasado el monto subió a US$ 16.565,9 millones, equivalente al 38,2% del PIB.
A la administración central le corresponde US$ 14.771,1 millones, lo que representa el 89,2% de la deuda total y equivale a 34% del PIB; mientras que a las entidades descentralizadas con garantía del Tesoro US$ 1.485,2 millones, lo que representa 10,1% y equivale al 3,4% del PIB.
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Cinco años atrás, a poco de iniciarse el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), el endeudamiento público se encontraba en US$ 8.040,9 millones y representaba apenas el 19,8% del PIB y, a partir de ahí, el mayor endeudamiento se registra en 2019 y 2020 para hacer frente a la recesión económica y a la pandemia por covid-19.
En este periodo los recursos provenientes de préstamos y emisión de bonos fueron destinados a la compra de insumos y medicamentos, cuyos procesos de licitaciones se vieron envueltos en actos de corrupción; también en obras de infraestructura y en salarios, jubilaciones y pago de deuda.
Nuevo gobierno prepara más deudas
Apenas asumió el nuevo gobierno de Santiago Peña (ANR) en agosto, se modificó el plan de convergencia fiscal para abonar la deuda pendiente con empresas constructoras y farmacéuticas, lo que llevó a una emisión de bonos por el equivalente US$ 220 millones en diciembre de 2023 y esto hizo trepar el saldo de 37,4% en noviembre a 38,2% al cierre del ejercicio 2023.
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Los recursos genuinos provenientes de los impuestos no alcanzan para cubrir la deuda, ya que cada vez aumenta el gasto salarial, por los nombramientos y aumentos que se otorgan para satisfacer a la clientela política.
La nueva administración, sin embargo, no pretende quitar el pie del acelerador y prepara más préstamos que se sumarían a lo que ya están establecido en el presupuesto, ya se baraja compra de aviones por US$ 121 millones, refacción de escuelas por más de US$ 100 millones y la construcción de un nuevo hospital de referencia, por citar algunos mencionados por el presidente Peña en los últimos días.
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El año pasado el ejercicio fiscal cerró con déficit de 4,1% del PIB ya que la administración Peña argumentó que era necesario sincerar las cuentas fiscales y, para ello, pagar la deuda heredada de unos US$ 600 millones a las empresas constructoras y farmacéuticas.
Para este año, la Ley N° 7228/23 de Presupuesto General de la Nación (PGN) establece como máximo un saldo rojo de 2,6% del PIB (US$ 1.213 millones), para el año siguiente 1,9% y, finalmente, para 2026, retornar al tope de 1,5% establecido en la Ley N° 5098/13 de Responsabilidad Fiscal.