El titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informó a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal que el reclamo de los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, ya está en un juzgado civil y comercial de la capital, ante la negativa de la firma de pagar esa caución.
“Se hicieron todas las gestiones administrativas internas, como así la ley dicta, y se recurrió a la justicia, tal como anunciamos. El juzgado sorteado es el Civil y Comercial Segundo Turno”, informó la empresa pública. El juez de esa dependencia es Arnaldo Martínez Rozzano.
Tras la rescisión del contrato para la compra de gasoíl, la empresa de la deportista no pagó los US$ 1,5 millones que se comprometió en su garantía de mantenimiento de oferta, que AP SA presentó en formato de declaración jurada, documento que fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 50 millones.
Según Jara, pese a una intimación que realizó la petrolera pública, la firma de Lafarja nunca pagó esta obligación, por lo que el caso hoy está judicializado.
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Con patrimonio irrisorio querían que provea gasoíl por más de US$ 50 millones
El patrimonio de AP SA era de solo de US$ 915.021, según el informe de evaluación de Petropar de la oferta de la firma, con lo cual quedó evidenciado que la empresa no podía cubrir la caución de referencia. Aún así le adjudicaron y hubo serias sospechas de direccionamiento en la operación. Es más no se pudo encontrar la dirección de la empresa que hicieron figurar en el contrato.
La compañía presentó como garantía de mantenimiento de oferta una declaración jurada, hecho que fue cuestionado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en su momento, porque según el ente, la firma debía presentar una póliza de seguro o una garantía bancaria.
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La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, sea para la provisión de alfombras o reparación de acondicionadores de aire. Pero Petropar quiso comprar diésel de esta empresa por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.
La petrolera estatal rescindió el 20 de octubre último el contrato que firmó, porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento, según el ente. Ante ese incumplimiento, la petrolera pública debe reclamar la garantía de mantenimiento de oferta por un monto de US$ 1,5 millones.