El laudo del arbitraje internacional ad hoc del fracasado metrobús, en el que tribunal internacional ordenó que el Estado Paraguayo pague casi US$ 17 millones a la empresa portuguesa Mota Engil, ex contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la fallida obra, ratificó que dicha institución incumplió el contrato al no obtener los permisos de la Municipalidad de Asunción para ejecutar las obras.
En este sentido, los jueces resaltaron que en el malogrado proyecto del Gobierno de Horacio Cartes, cuyo contrato fue rescindido durante la administración de Mario Abdo Benítez, el MOPC es responsable por haber ordenado un diseño que no pudo ser aprobado por la comuna capitalina, hecho que lo hace responsable de la falta de acceso de la empresa extranjera en el tramo 2 (Eusebio Ayala).
“La obtención del permiso de la Municipalidad de Asunción estaba en cabeza del MOPC y, al no obtenerlo, el MOPC incumplió el contrato” resaltó el Tribunal. También destacó que Obras Públicas previó un desagüe más precario que el ya existente en el tramo asunceno.
Asimismo, el colegiado acotó que el MOPC debió haber otorgado acceso a las obras, pero no lo hizo y que, además, quedó “demostrado que el problema de la franja de dominio, de la afectación de terrenos de los frentistas que debían ser expropiados o liberados, fue fundamental para impedir a Mota Engil acceder al lugar de las obras en el tramo 3 (Fernando de la Mora y San Lorenzo)”.
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Rescisión del contrato fue legítimo
Al mismo tiempo, el tribunal destacó que el Estado paraguayo “legítimamente terminó el contrato, debido al incumplimiento de Mota Engil de renovar la garantía de cumplimiento”. La cancelación del contrato se concretó durante la administración de Arnoldo Wiens, durante el Gobierno de Abdo Benítez.
Empero, el Tribunal acotó que el MOPC no debía ejecutar las garantías de la obra, por lo cual el Estado tiene que devolver a Mota Engil el monto percibido que coincide con lo que la empresa pagó a la reaseguradora. Recordemos que el MOPC recuperó unos US$ 12 millones de la garantía del anticipo del Banco Itaú y de la póliza de fiel cumplimiento de Royal Seguros (vinculado a Juan Carlos López Moreira, ex jefe de Gabinete de Cartes). El estado debe devolver a Mota prácticamente el mismo monto que se cobró a Royal (US$ 4,9 millones, según el laudo).
Además, Mota Engil debe devolver al Estado paraguayo menos de 100.000 dólares por los defectos no reparados por la obra, que para los frentistas es una burla.
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Frentistas recuerdan que Mota ni tenía máquinas
Mientras tanto, los frentistas manifestaron ayer ABC su rechazo al laudo del arbitraje, ya que consideraron que el Estado no hizo una buena defensa en el caso, pues no entienden cómo una empresa que ni siquiera tenía máquinas para ejecutar la obra pudo beneficiarse con una millonaria indemnización. “Recordemos que ellos tenían que subcontratar sólo el 15% de la obra, pero subcontrataron casi toda la construcción, el fallo es una vergüenza”, sostuvo Edgar Gill, de la Asociación de Propietarios, Comerciantes, Trabajadores, Usuarios y Afines (Apctua).
Asimismo, dijo que al parecer no se quiso defender los interés del Estado, ya que todas las malas actuaciones de Mota Engil en la obra está documentada.
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A su turno, Nelson Escobar, señaló que es lamentable que se le tenga que pagar más recursos públicos a la mencionada compañía, que dejó una avenida destrozada y que se inunda con cada lluvia. “Es una bofetada para el pueblo que tiene que pagar esto, nosotros nunca tuvimos ningún resarcimiento pese a todas las pérdidas que tuvimos. Los responsables de esto tienen que pagar. Nosotros seguimos pagando las consecuencias, los locales no se alquilan porque hay salones desocupados hasta ahora, los raudales nos afecta, tenemos deudas, y la avenida está destrozada hasta hoy”, lamentó.
“Amnesia” de Santiago Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, quiso responsabilizar ayer al Gobierno de Mario Abdo Benítez de la decisión del tribunal arbitral, que sentenció al país a pagar casi US$ 17 millones a Mota Engil, olvidándose de que el proyecto se impuso durante la administración de Horacio Cartes, pese a que el plan era inviable si no se liberaba la franja de dominio y si no se obtenía el permiso de la comuna Capitalina, como alegaron los jueces en la sentencia.
Las obras del metrobús se iniciaron en 2016 y debían culminar en 2018 (Mota Engil tenía 20 meses de plazo), pero esto no se cumplió y el contrato tuvo que ser rescindido durante la gestión Abdo Benítez, en febrero del 2020, porque la contratista abandonó los trabajos meses antes y se negó a renovar las pólizas de la obra. Al parecer, Peña pretendía que se siga con el contrato con Mota Engil, que ni siquiera quería actualizar las garantías.
El el jefe de Estado habló de un revanchismo político para referirse a la cancelación del contrato, en un intento de engañar a la ciudadanía. “El origen de esto fue un revanchismo político que se tomó al inicio del gobierno (anterior) y hoy lastimosamente el pueblo paraguayo va a tener que cargar sobre sus hombros. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. El equipo jurídico está tratando de defender, pero lastimosamente se tomó esa decisión en ese momento por una decisión de revanchismo político y hoy estamos pagando las consecuencias”, dijo. Intentó deslindar responsabilidades a Horacio Cartes, volviendo a insistir que la rescisión la realizó Abdo Benítez.