Hace unos días se conoció un extenso informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil, un organismo de control parecido a la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país, en el que informan que accedieron a las cuentas de Itaipú y que las controlaron detalladamente.
Como resultado, el TCU fundamenta una posición favorable al Estado brasileño –”como era de esperar”– con miras a la revisión del Anexo C del Tratado, dándole un plazo de 60 días al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que indique cuáles serán los puntos que defenderá Brasil en tal revisión. Así lo advierten varias organizaciones ciudadanas y partidos políticos de la oposición.
“Cabe destacar del informe del TCU, el párrafo, que da constancia que la empresa mandataria del Estado brasilero en Itaipú, “ENBPar” (que sustituye a Eletrobras y que es similar a ANDE), rinde cuentas sobre sus actos de administración al TCU del Brasil”, añaden.
Lea más: Fuerte aumento de remesas de Itaipú en los once primeros meses de este año
Asimismo señalan que el TCU, claramente, controla a Itaipú y prepara reclamos que serán planteados en la revisión del Anexo C, por supuestos actos lesivos que cometieron consejeros y directores de la entidad, que habrían repercutido en el consumidor brasileño, según lo establecido en los artículos XIX y XXI del Tratado.
Itaipú 2023 Causa Nacional, Escuelita Patriótica, Partido Frente Amplio y País Solidario, entre otros, firman el comunicado en el que denuncian que en nuestro país, el presidente Santiago Peña desconoce las resoluciones de la CGR, que dictaminó que el pasivo de Itaipú entre los años 1986 y 2021 es ilegal.
Agregan que actualmente el gobierno de nuestro país no permite que la Contraloría acceda a la documentación respaldatoria de las actas del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración, tampoco a los registros contables, necesarios para la revisión del Anexo C de Itaipú.
Lea más: Cancillería se propone negociar derechos que ya tenemos
“Por igualdad de derechos y obligaciones, Peña debe dejar de impedir que la Contraloría tenga a disposición toda la documentación citada a fin de que ésta realice un dictamen similar al del TCU brasileño”, manifiestan.
Además, destacan que “si el gobierno de Santiago Peña no permite que la CGR comience, de inmediato, a auditar éstas y otras cuestiones de Itaipú, la entrega y la traición a la Patria se habrán consumado”.
Ejercer la soberanía
Además de las cuestiones relacionadas con la revisión del Anexo C, “Santiago Peña debe ejercer la soberanía hidroeléctrica de Itaipú de inmediato, pues somos un país soberano y el mismo Lula ya ha reconocido que la ANDE puede exportar nuestra energía al mercado brasileño y a terceros países desde el 2023, a precio de mercado”, concluyen.
Lea más: TCU emplaza a Lula para que le informe sobre negociaciones del Tratado de Itaipú
¿Qué debería analizar la Contraloría?
Según el comunicado, la CGR debe auditar:
1°. Cantidad de potencia instalada disponible de contratación en Itaipú y que no fue contratada por Eletrobras/ENBPar desde 1984 a la fecha;
2°. Cantidad de energía “no garantizada” generada hasta ahora y en qué proporción la llevó Brasil a la ridícula tarifa de 5 a 6 US$/MWh.
3°. Cantidad de reserva de potencia entregada en forma gratuita al Brasil (373 MW), en comparación con tan sólo 50 MW para el Paraguay, y cuánto debería pagar ENBPar por la diferencia.
4°. Cantidad de energía generada con la reducción de la cota del embalse cuando hubo escasez de energía en el Brasil.
5°. Cantidad de energía paraguaya turbinable que Brasil decidió tirar por el vertedero desde el inicio de su operación y el perjuicio para Paraguay.
6°. Cantidad perdida por la ANDE con la fijación de tarifas “intermedias” ilegales en Itaipú en el 2022 y 2023.
7°. Cuánto beneficiaron al Brasil los gobiernos de Mario Abdo y Santiago Peña al exportar nuestra energía de Itaipú a una tarifa por debajo del precio unitario que regía hasta el 2021.
8°. Por qué Itaipú no cumplió con el Convenio OIT N.º 107/1957, en beneficio de la comunidad Ava Guarani Paranaense.