El presidente de IPS, Jorge Brítez, y la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, firmaron ayer un convenio para unir fuerzas en el fortalecimiento del sistema previsional y promover la formalización del empleo, la simplificación de trámites y el intercambio de información. En este contexto, apuntan a acciones para que los empleadores morosos salden sus deudas.
El titular de Aporte Obrero Patronal (AOP), Américo Riquelme, reportó que existen moras por G. 4 billones (US$ 538 millones) y que el Estado, como empleador, también debe US$ 500 millones al IPS. No supo precisar si el Gobierno actual tiene planes de honrar al penos parte de dicha deuda.
Requerido sobre la vieja práctica de empresas morosas, que cambian de denominación social y se inscriben de nuevo, como una especie de “borrón y cuenta nueva”, reconoció que es una realidad. Dijo que el plan para enfrentarles es obligar a los morosos a ponerse al día, con ayuda del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
Pero al ser insistido en que dichos morosos pueden reinscribirse con cero guaraníes de deuda en su legajo, sin que la ley se lo impida, respondió que finalmente, no se puede privar a los trabajadores de contar con seguro social.
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Recalcó que la prioridad es que los trabajadores cuenten con el seguro social y la normativa vigente no impide la inscripción de los trabajadores.
Sin embargo, debido a esa política de no obligar a los empleadores a saldar sus deudas antes de inscribir a nuevas compañías, es que se han registrado millonarios “clavos”.
Riquelme recalcó que junto con su equipo se trabaja en cuantificar en detalle las deudas.
Plan de regularización
El viceministro de Trabajo César Segovia, comentó a su vez que el plan a implementarse con el IPS tiene tres etapas. Primero, notificar vía telefónica a las firmas morosas; segundo, verificación in situ, y tercero, fiscalización.
En las visitas, los funcionarios verificarán la cantidad de empleados y si figuran en los registros de la cobertura social. En caso de que no aparezcan en la base de datos, se los incorpora y los patrones se exponen a sanciones.
Vieja práctica de los transportistas
El cambio de la denominación de empresas es una práctica recurrente de las empresas de transporte para “lavar la cara” para pedir subsidios, denunció en reiteradas ocasiones la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat).
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Criticó que es sólo cuestión de voluntad política impedir que siga la maniobra, pues por ejemplo, es lo que hacen los bancos al obligan a saldar créditos antes de obtener otro nuevo.