El Gobierno de Mario Abdo Benítez se destacó en la ejecución de obras en todos los rincones del país, llegando a una inversión de US$ 4.150 millones a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cinco años, según los datos oficiales.
Esto generó mucha mano de obra en tiempos difíciles como la pandemia, pero el ritmo de ejecución disminuyó desde el 2022, situación que continuó este año por la falta de recursos. Ante esta realidad, el gobierno “de la gente” culmina sin pagar una deuda de US$ 390 millones con sus contratistas, según los gremios del sector.
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Para llegar a este nivel de ejecución, el MOPC apuró licitaciones que no tenían ni presupuesto asegurado, como ocurrió con el puente Asunción-Chaco’i, que se construyó principalmente para beneficiar al empresario Conrado Hoeckle, exasesor “ad honórem” del presidente de la República Abdo Benítez. Esto sin ninguna planificación urbana, según cuestionaron los expertos.
Además de esto, el Gobierno modificó totalmente el proyecto licitado del mencionado puente, con lo cual aprobó un sobrecosto US$ 16 millones y además, utilizó los recursos aprobados para esta obra (un préstamo programático del BID) en otros proyectos. Se cambiaron las dimensiones del puente y además se construyó con un solo atirantado central en vez de uno doble, como estaba previsto.
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Pasarela “ñandutí”, en plena pandemia
La polémica más fuerte con la que se enfrentó la gestión de Abdo Benítez es que la Contraloría haya corroborado direccionamiento y sobrefacturación en la adjudicación de la pasarela “ñandutí” a la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, en plena pandemia.
Dicha empresa, que se ganó el mote de la “superproveedora” con este gobierno, por la gran cantidad de licitaciones que ganó, tenía vínculos con el poder. Esto se corroboró cuando se supo que el cuñado de Marito, Jorge López Moreira, participaba de las reuniones del MOPC donde se trataban los temas referentes al paso ñandutí. El entonces ministro Arnoldo Wiens blanqueó las irregularidades de esta obra en un informe.
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Por negligencia cayó un puente
Por negligencia del MOPC, un puente que conecta el Cruce Tacuatí con Tacuatí, que se asfaltó bajo la administración de Wiens, se desmoronó y dejó como saldo tres muertos y tres personas heridas. El MOPC sabía de la situación del paso, porque sus técnicos ya habían hecho verificaciones, pero aún así no lo clausuró. la fiscalía también investiga este caso.
En este sentido, el MOPC también adjudicó varias licitaciones de caminos vecinales, sin siquiera revisar las condiciones en las que se encontraban los puentes viejos de estas rutas, como ocurrió en el caso del puente de Tacuatí. Recién tras el desplome de un paso que mató a compatriotas, la entonces administración de Wiens ordenó la revisión del estado de los pasos.
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Ventajas a contratistas de obras llave en mano y APP
Otro de los cuestionamientos es que se haya otorgado seis adendas a la contratista de la Costanera Sur (Eurofinsa y TyC), para que la empresa pueda conseguir la financiación de la obra. Tras estas “ventajas”, el Estado terminará pagando más de US$ 22 millones por km por esta obra.
Asimismo, también facilitó cuatro adendas al Consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), que ejecutaron la primera APP (Alianza Público Privada) para duplicar la ruta PY02. Por estas prórrogas, las obras siguen sin terminar y el Estado terminará pagando unos US$ 1.700 millones al grupo por la concesión de la carretera, además de otros US$ 50 millones más por obras complementarias y compensaciones, pese a que la empresa dejó de hacer importantes obras previstas en la carretera.
Otro de los cuestionamientos es “el uso y abuso” del encarecimiento del 20% que permite la ley en las obras públicas e incluso hasta el 50% de sobrecosto en las que no se rigen por las leyes nacionales, como las obras financiadas por multilaterales. En este sentido, se estima que los contratos durante este Gobierno tuvieron un encarecimiento de US$ 300 millones.
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Los desafíos
El nuevo Gobierno tiene el desafío de seguir con el ritmo de las obras sin mayores endeudamientos y sin que estos impacten en el déficit fiscal, con el mejoramiento de la calidad del gasto público. La deuda del MOPC con contratistas orilla US$ 390 millones que deben ser pagados.
Además, se debe analizar qué obras son factibles con la ley de Alianza Público Privada (APP) y otras como la ley de concesión o la ley “llave en mano”. Esto porque la primera obra vía APP, que es la duplicación de la Ruta PY02, no se está financiando de la recaudación de los peajes y solo desangra las arcas públicas.
Asimismo, desde el 2024 se comenzará a implementar la ley 7.021 de Compras Públicas, que incorpora detalles sobre las inconductas (sanciones) aplicadas en el sistema de contrataciones públicas. También hay nuevos retos como la construcción de un nuevo aeropuerto para visitantes del país y además de la construcción de rutas se debe trabajar para reducir el déficit habitacional, pues según reportes oficiales, 1.000.000 de paraguayos siguen sin tener una vivienda digna.
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Lo positivo
- 4.169 km de ruta
Construcción de unos 4.169 kilómetros de pavimentación asfáltica, que incluyen; obras de pavimentación asfáltica de la red existente, variantes urbanas, intersecciones, duplicaciones de calzada sobre red pavimentada y la pavimentación sobre caminos empedrados.
- Inversión récord
Desde agosto del 2018 a junio del 2023 se invirtieron US$ 4.105 millones en obras públicas. Esta inversión es ampliamente superior a la realizada en administraciones anteriores y se ajusta a la meta establecida para el periodo 2018- 2023.
- Empleo
Las obras públicas significaron mano de obra para 311 mil personas en todo el país. En un contexto de pandemia, las obras fueron fuente de empleo para unos 260 mil compatriotas, más de la mitad de ellos jóvenes y muchos en su primer empleo.
- Obras en el Chaco
El Gobierno apostó al desarrollo del Chaco paraguayo con una histórica adjudicación de obras por US$ 2.435 millones. Por citar algunas obras podemos mencionar la ruta transchaco, el corredor bioceánico, el puente de la ruta bioceánica y la ruta PY12.
- Banco de proyectos
El MOPC dejará al nuevo gobierno más de 200 proyectos que se encuentran en diferentes etapas por un valor que ronda los US$ 7.000 millones de inversiones y abarcan más de 13.000 km de la red vial. Incluye obras vía APP.
- Pilcomayo
Ingreso ininterrumpido de las aguas del Pilcomayo, herramienta para mitigar la sequía en el Chaco, gracias a los trabajos de canalización.
Lo negativo
- Negligencia que mata
Un puente que conecta Cruce Tacuatí con Tacuatí, habilitado en abril del 2020, se desmoronó y causó un accidente en la madrugada del 10 de junio del 2021, lo que dejó como saldo tres muertos y personas heridas. El MOPC sabía, pero nada hizo.
- Pasarela de oro y superproveedora
En plena pandemia, el MOPC adjudicó la pasarela “ñandutí” que une el parque Ñu Guasu con el Comité Olímpico a la “superproveedora” Engineering. La obra tuvo encarecimientos irregulares y fue direccionada según la CGR.
- Obras con sobrecostos
Las diferentes obras adjudicadas durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez registraron sobrecostos por unos US$ 300 millones. En este sentido, hubo “uso y abuso” del incremento que permite la ley de Contrataciones Públicas.
- Mimadas en APP y llave en mano
El MOPC facilitó adendas que beneficiaron al Consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), que ejecuta la primera APP para duplicar la ruta PY02 y el Consorcio del Sur (Eurofinsa y TyC), que ejecuta la Costanera Sur vía “llave en mano”.
- Deuda millonaria a contratistas
El gobierno “de la gente” culmina sin pagar una deuda de US$ 390 millones con sus contratistas, según los gremios del sector, porque licitó obras sin tener la financiación asegurada, algunas de ellas para beneficiar a los amigos.
- Peligrosas rutas
El MOPC adjudicó varias licitaciones de caminos vecinales, sin siquiera revisar las condiciones en las que se encontraban los puentes viejos.