Los cinco años del gobierno de Abdo Benítez se desarrollaron en un contexto, entre 2019 y 2022, de profunda sequía, pandemia por covid-19 y la guerra Rusia-Ucrania, lo que deja como saldo medidas positivas adoptadas y también negativas.
En este periodo la deuda pública se duplicó, representando actualmente el 35,1% del PIB; el déficit fiscal se disparó en pandemia y la Caja Fiscal es una bomba de tiempo que va a estallar si no se aplican reformas, son algunos de los temas que deja del gobierno saliente.
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Avances en periodo Abdo Benítez
Para el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, se avanzó en la reforma tributaria que mejoró la equidad (mayor recaudación en renta personal y empresarial versus IVA), la adecuada reacción y medidas para enfrentar sucesivos shocks recibidos.
También en la aplicación de la ley de emergencia y ampliación de déficit fiscal para enfrentar los shocks utilizando margen de endeudamiento para mitigar efectos económicos y sociales con importantes inversiones en salud pública e infraestructura, y tras caída limitada del PIB hubo una rápida recuperación.
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Igualmente indicó que se mejoró la regulación y sistemas de control de lavado de activos, leyes Gafilat, lo que nos permitió evitar la lista gris y mantener corresponsalías; en el sector energético se mejoró la calidad de la prestación del servicio, pero no se avanzó en la revisión del Anexo C de Itaipú.
Se suma la importante ampliación de la cobertura del programa de pensión para la tercera edad en situación de pobreza, que de 180.000 pasó a casi 300.000.
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Convergencia al tope de déficit fiscal
En cuanto a lo negativo, el exministro sostuvo que hubo una excesiva gradualidad en el ritmo de convergencia a la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal, que finalmente no se cumplió por el sesgo electoral en gasto público en los últimos dos años.
“Herencia de déficit fiscal del 3,5% del PIB versus tope del 2,3% fijado en el Presupuesto 2023 con alta probabilidad de incumplir la convergencia prevista para el 2024″, afirmó.
A su criterio si no se cumple con el plan de convergencia, esto generará la pérdida de confianza en la Ley de Responsabilidad Fiscal como ancla y una postergación del grado de inversión en la calificación internacional de riesgo del país.
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Tampoco se avanzó en la reforma integral del sistema de salud y queda como herencia deudas con proveedores por alrededor de US$ 600 millones entre el IPS y el Ministerio de Salud y una pésima atención a la ciudadanía en ambas instituciones.
Barreto considera que el sistema previsional empeoró, ya que se vetó la ley de creación de Superintendencia de Jubilaciones, la Caja Fiscal aumentó el déficit y absorbe crecientes recursos tributarios, mientras que en IPS se aumentó la jubilación mínima que empeoró su situación financiera y actuarial y se utilizan fondos jubilatorios para financiar inversiones en salud.
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Gasto salarial creció en educación
En el campo educativo, refiere el exministro, el plan nacional de transformación fue un fracaso, se politizó en medio de la disputa electoral y terminó centrándose en la ideología de género y la donación de la Unión Europea. Sin embargo, se incrementó sustancialmente el gasto salarial en la educación.
En cuanto al combate a la corrupción, dijo que se tuvo una baja efectividad, incluso en las compras de la pandemia saltaron hechos de corrupción, con respuestas reactivas a informaciones de los medios.
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Considera que la aprobación de una nueva ley de compras públicas es un hecho positivo, pero no fue aún reglamentado; y el proyecto de ley para la función pública no tuvo el impulso político y ni siquiera fue tratado por el Congreso.
“Los altos niveles de corrupción empeoran la calidad del gasto y los servicios públicos y genera desconfianza de parte de la ciudadanía y de los contribuyentes hacia el Estado y sus instituciones, lo cual limita sustantivamente las posibilidades de desarrollo del país”, afirmó Barreto.
Lo positivo
- Compromisos
A pesar de la sequía y la pandemia por covid-19 que afectaron la economía y redujeron los ingresos genuinos, el Estado vía mayor endeudamiento logró cumplir con sus compromisos en materia de salarios, jubilaciones, pensiones y pago de deuda pública.
- Reforma
La reforma tributaria implementada mediante la Ley N° 6380/19 de “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, permitió mejorar la equidad tributaria en el país, lo que posibilitó al fisco recaudar más en impuestos a los ingresos, como el IRE e IRP.
- Pensión
El Ministerio de Hacienda amplió la cobertura del programa pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, pasando de unos 180.000 a 298.000 al cierre del mes de julio, quienes perciben una asignación de G. 637.577 mensuales, según los datos de la cartera.
- Control
La creación de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la aplicación de lo que dispone la Ley N° 6446 para asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el Beneficiario Final y el control de las personas y estructuras jurídicas.
- Calificación
Paraguay logró mantener su calificación crediticia y la perspectiva estable con las calificadoras Fitch y Standard & Poor’s, e incluso mejorado a positiva con Moody’s, a pesar de la incertidumbre a nivel mundial, en cuyo contexto muchos países de la región han sufrido reducciones.
Lo negativo
- Deuda Pública
El endeudamiento asciende a US$ 15.565,6 millones y equivale a 35,1% del PIB, según datos al primer semestre del Ministerio de Hacienda. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, considerando 2018 a junio de 2023, aumentó US$ 7.524,7 millones, lo que implica 93,5% más.
- Déficit fiscal
Al cierre del presente ejercicio se completará 12 años consecutivo de déficit fiscal, de los cuales los últimos cinco se mantuvieron por encima del tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El plan de convergencia prevé este año 2,3%, pero cerraría en 4,1% del PIB.
- Caja Fiscal
Al término del primer semestre del año la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal acumuló déficit de más de G. 526.769 millones (US$ 72,2 millones), según datos del Ministerio de Hacienda. La diferencia se financia en gran parte con los recursos provenientes de la recaudación.
- Informalidad
La economía informal aumenta en el país y debido a esto el fisco recauda menos para financiar el presupuesto. Según el estudio de la consultora Pro Desarrollo la actividad informal en 2022 movilizó US$ 22.019 millones y representa casi el doble de recursos del presupuesto público.
- Presupuesto
El gasto público crece cada año, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 asciende a G. 108,9 billones (US$ 15.342 millones), equivale al 34% del PIB, hay 106 instituciones públicas y 316.897 cargos de funcionarios permamentes y más de 55.000 contratados.