La representante del Sindicato de Funcionarios de la Diben (Sifudi), María Elena Araujo, lamentó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) haya reducido el canon a las concesionarias durante la pandemia, porque eso se tradujo en una disminución de recursos de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). Eso, porque la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar estipula que de toda la recaudación de Conajzar, un 30% se destina a la Dibén, según recordó.
Precisó que el 90% de la recaudación de la institución de referencia, que se dedica a ayudar a personas de escasos recursos en provisión de insumos para medicina de alta complejidad y alto costo(incluyendo medicamentos y tratamientos), proviene de dicha transferencia de la Comisión.
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“Somos una institución referencial de la responsabilidad solidaria del Estado dirigida a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que apoya e implementa iniciativas y proyectos de desarrollo comunitario y brinda servicios en salud con la provisión de insumos para medicina de alta complejidad y alto costo”, se puede leer en el portal de la institución.
Araujo resaltó en tal sentido que la decisión asumida por Conajzar y acompañada entonces por la propia titular de la Diben, Carmen Corina Alonso, fue a contra mano de lo que es la función de la institución. “Reducir el canon representa una caída de los recursos que recibe la Diben, en plena emergencia sanitaria”, dijo.
Carmen Corina Alonso, junto a otras exautoridades de Conajzar, se encuentra procesada además por haber acompañado un intento de “legalizar” la presencia de tragamonedas en sitios prohibidos por la misma ley, así como la adjudicación de la quiniela a una firma que se encontraba morosa con el fisco, conforme a la acusación presentada por la fiscala Estefanía González.
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“Estamos preocupados por cómo se administra la Conajzar por falta de una administración sólida, transparente y honesta”, afirmó Araujo.
Asimismo, recordó que las municipalidades también están en deuda con la Diben, pues deben destinar una parte de la recaudación por la explotación de los juegos de azar en sus respectivas ciudades.
“Tuvimos demasiadas deficiencias en pandemia. No teníamos medicamentos, insumos y el golpe de gracia fue que la Conajzar con la directora Carmen Alonso, decidió disminuir nuestros recursos”, cuestionó.
Referente a las gestiones hechas para recuperar el dinero que se dejó de cobrar en pandemia, se consultó a la presidenta interina de Conajzar, María Galván, pero no respondió a este diario.
El caso de Conajzar se encuentra en los estrados judiciales. Está pendiente la decisión del fiscal general, Emiliano Rolón, referente al sobreseimiento de los acusados para la semana que viene o de lo contrario, enviarlos a juicio oral. El juez Humberto Otazú había rechazado la propuesta del fiscal Alcides Corvalán, interino de González, de sobreseerlos, luego de que la titular de la causa haya acusado a los procesados. El rechazo de Otazú se dio en la reciente audiencia preliminar y ahora, la máxima autoridad del Ministerio Público deberá confirmar cómo quedará la situación procesal.
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Sindicato pide intervención de la Contraloría
Por otro lado, Araujo indicó que actualmente la Contraloría está indagando referente al uso de los recursos del programa Pytyvõ. “Sólo ese programa está indagando, nada más, y acá hay demasiado para indagar y mejorar”, comentó.
Señaló que existen casos de funcionarios que piden “incentivos” para que la ayuda social se dé a la gente. Mencionó que varios casos fueron denunciados pero “el funcionamiento de la rosca persiste”.
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Además, mencionó que mediante la prensa se supo de las intenciones de fusionar al organismo al Ministerio de Salud y expresó su temor acerca de ese plan, pues se desconocen mayores detalles.