El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno Humberto Otazú firmó hoy una nueva convocatoria para audiencia preliminar a los acusados en el caso por aparentes hechos punibles en la gestión de juegos de azar. Entre los convocados se encuentra el diputado Rubén Rousillón, exmiembro del directorio de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). La cita es para el próximo 26 y 27 de julio, a las 9:00.
Los demás acusados son José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso (extitular de la Diben), Ricardo Núñez Giménez (hermano del senador Basilio “Bachi Núñez) y Omar Rodrigo Mongelos, todos exmiembros de Conajzar. Asimismo, también está procesado Álvaro Wasmosy Carrasco (hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy), concesionaria de la quiniela.
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La causa es por aparentes hechos punibles al “regularizar” el uso de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar; la adjudicación de la quiniela a una firma presuntamente morosa del Fisco y la reducción del canon en pandemia, medida que representó una caída de los ingresos y por ende, de las transferencia a la Diben en plena crisis sanitaria.
En su escrito, el juez Otazú advirtió a los procesados que la convocatoria realizada por el juzgado es bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en el Codigo Procesal Penal en caso que los acusados planteen recursos dilatorios para volver suspender la diligencia, como lo vienen haciendo hace meses.
No corresponde pedido de desafuero
Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, opinó sobre la situación de Roussillón al ser diputado electo para el próximo período, lo que le da fueros. Al respecto, Estigarribia sostuvo que no corresponde que la Fiscalía solicite su desafuero pues la causa es por aparentes hechos punibles en sus decisiones como directivo de Conajzar, ajenas al ejercicio como parlamentario y mucho antes de su asunción al cargo electivo en el Congreso.
Recalcó que la causa pone a prueba al Ministerio Público para avanzar en la aclaración de las circuntancias. “El fuero tiene por objetivo proteger a los parlamentarios por declaraciones vinculadas a su ejercicio, como difamación y calumnia”, comentó.
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Añadió que los agentes fiscalez suelen utilizar esa figura para evitar no procesar a legisladores y de ese modo, evitar posibles represalias por sus acciones, ante el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Los fiscales se blindan con el pedido de desafuego, lo cual no corresponde”,opinó.
La investigación del caso Conajzar está a cargo de la fiscala María Estefanía González.
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