La Comisión Nacional de Competencia (Conacom), cuyo presidente es Rolando Díaz, publicó en el portal institucional su opinión sobre el llamado para la cesión de derechos de televisación del fútbol paraguayo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Si bien analiza por primera vez este acuerdo entre privados, aconsejó al gremio a que promueva la competencia, pues se trata de una garantía establecida en nuestra Constitución Nacional.
Díaz comentó que el directorio de Conacom estaba preocupado por una cláusula de “preferencia” que tenía la APF con la contratista actual en el acuerdo firmado. La vigencia de la misma impedía el ejercicio real de una competencia, pues estipulaba que la contratista tiene el derecho de conocer las ofertas de sus competidoras y mejorarla.
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De esta manera, el directorio consideró que el proceso de adjudicación era una competencia disfrazada, pues la contratista tenía la posibilidad de mejorar su oferta y renovar su contrato con la APF para transmitir los partidos de fútbol local.
“La esencia de las licitaciones es generar una competencia que permita a la convocante obtener las mejores condiciones contractuales posibles en el mercado para la satisfacción de la necesidad para la cual se realiza. Esta posición no solo puede mantenerse en licitaciones públicas”, dijo.
Recordó que la cláusula se identificó tras la acusación a Teledeportes Paraguay por presunto abuso de posición dominante. La disputa se dio ante el evidenciado interés de las compañías telefónicas (Claro y Personal) por la transmisión los partidos de fútbol de la APF, que sólo lo hacía Teledeportes, con la telefonía Tigo.
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Sobre ese caso, Díaz mencionó que la contratista fue absuelta. Puntualizó que en esta ocasión, el objeto de análisis fue el borrador del Pliego de Bases y Condiciones del llamado que se publicará en la brevedad, pues el mencionado acuerdo fenece este año.
“Quiero destacar la buena predisposición tanto de Teledeportes como de la APF que acercaron los documentos requeridos”, expresó.
Añadió que ambos colaboraron, incluso levantaron el ítem de confidencialidad, lo que permitió el acceso del documento para su análisis. “Si bien tenemos instrumentos legales para requerir los documentos, no fue necesario utilizarlos”, indicó.
Otra herramienta que utilizaba era la exigencia de determinadas condiciones de la garantía bancaria, con criterios muy particulares, que dificultaban su cumplimiento. “Vimos el compromiso de que APF facilitará lo necesario para que hagamos el seguimiento de la licitación”, finalizó.