La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Pablo Seitz, también viene adjudicando millonarios contratos a diferentes empresas de recursos humanos para la tercerización de sus funcionarios. En este momento, la entidad tiene en proceso otro llamado para contratar a varios técnicos con esta modalidad.
Se trata de la licitación para el “servicio de tercerización de personal técnico y profesional”, en la que la institución estimó gastar G. 1.856 millones. Las ofertas de las firmas interesadas se recibieron el jueves último y cotizaron tres empresas cuyas propuestas sobrepasaron el monto de referencia de la convocatoria (ver facsímil con los montos que ofertaron los participantes por cada profesional a ser contratado).
En el llamado en curso, la DNCP pretende contratar a 17 profesionales, por un plazo de 18 meses, entre los que se encuentran: técnicos de inteligencia de mercado, de convenio marco, de información y comunicación, senior de información y comunicación, profesional de inteligencia de mercado, diseñador gráfico y asistente jurídico.
Con esta modalidad de contratación, la institución evade la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública, que dispone, entre otras exigencias, que el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública sea el de concurso público de oposición (artículo 15).
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De esta forma, la DNCP, que debería velar por los contratos públicos, también viene aplicando la misma modalidad que utilizan otras entidades como Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC), las que también contratan varios empleados a través de la tercerización. Las empresas públicas mencionadas aprovechan este sistema para contratar a recomendados, parientes y correligionarios sin concurso.
Función pública no aprueba concursos, alega Seitz
El titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, ante la consulta de este diario, explicó que la institución a su cargo está realizando estas contrataciones de tercerización, porque necesita de profesionales especializados. En este sentido, mencionó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún no aprueba concursos a la DNCP.
“Sin ese nivel de profesionales no tendremos sistema de información estratégica, datos abiertos y otros. Si todo va bien, este año podremos hacer el concurso de incorporación de profesionales en esas áreas”, manifestó.
Cuando se le consultó por qué la Secretaría de la Función Pública no está autorizando los concursos a la institución que administra, idjo que eso es una incógnita. “No hay rechazo, solo silencio. Desde junio de 2022, por ejemplo, hay un concurso en proceso de aprobación. Deben aprobar el perfil y los términos de referencia”, aseveró.
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Las otras adjudicaciones de tercerización de DNCP
No es la primera vez que la DNCP está pretendiendo adjudicar la tercerización de sus funcionarios, porque para ello viene contratando a varias empresas de recursos humanos. Desde el 2020 hasta el 2022, la institución ya destinó G. 3.900 millones a este tipo de adjudicaciones.
Por ejemplo, en setiembre del año pasado, la institución ya había contratado a una firma tercerizada por G. 1.328 millones, para la contratación de 14 empleados. En este caso resultó adjudicada la firma La Offi SA, representada por Rodrigo Pangrazio, y también fue para contratar varios técnicos de diferentes especialidades.
Asimismo, en 2020, la DNCP contrató a la empresa La Offi SA, por G. 810 millones, y en 2021 a la empresa Konecta SA (representado por Sergio Andres Aranda Zeman), por G. 1.759 millones.
La DNCP tiene actualmente 250 funcionarios entre nombrados y contratados.
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Petropar e INC también gastan millones
Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC) son las empresas públicas que también están empleando recursos públicos en la tercerización de sus funcionarios.
En el caso de la petrolera pública, el año pasado adjudicó a la empresa Dynamus Marketing Promocional SA, por G. 48.600 millones, para tercerizar la contratación de hasta 500 empleados, en varias áreas de la firma. El monto de este contrato fue bastante superior a un contrato anterior con la misma firma, que era por G. 36.600 millones.
En este sentido, al tratarse de un contrato abierto, la cantidad de empleados puede ir variando según la “necesidad”. La estatal tiene más de 1.000 funcionarios y aún así recurre a este tipo de contratos, principalmente para ubicar en Petropar a “recomendados” o “parientes” de los altos mandos partidarios. Pero la empresa estatal alegó que lo implementa para atender sus “unidades de negocios” como estaciones de servicios o administrativas.
La INC también adjudicó en el 2021 una licitación para la contratación de casi 100 empleados más para sus plantas de Villeta y Vallemí, a través de una tercerización de personal. En este caso, también fue beneficiada la empresa La Offi SA, por G. 5.350 millones.
Esta contratación realizó la INC pese a que la ley de presupuesto de ese ejercicio prohibía los procesos de contratación de funcionarios, pero la cementera burló la disposición con la maniobra de la tercerización. La estatal tiene 1.050 funcionarios, que al parecer no son suficientes para la fábrica, porque también viene adjudicando constantemente la contratación de los servicios de contadores y de otros especialistas.