Finalmente, la Contraloría General de la República (CGR) remitió ayer un reporte de indicios de hechos punibles al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, los cuáles fueron hallados en dos exámenes que el ente contralor realizó el año pasado a la Industria Nacional del Cemento (INC).
En este sentido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Auditoría Forense de dicha institución encontraron un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en la cementera pública, en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se concretó en el año 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre del 2020. A este monto, se sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó en G. 9.379 millones.
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En este caso, la CGR verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403 millones. El ente de control pidió que se recuperen estos recursos desembolsados en su momento, pero la INC no lo recobró hasta la fecha.
En el reporte a la fiscalía, la Contraloría también enfatizó que en la adenda N° 2 se incluyeron ítems de obra que ya estaban establecidos en el contrato original, en contravención al Pliego de Bases y Condiciones. Esto derivó en una diferencia en el monto del contrato ampliado, de G. 604.527.028.
Asimismo, el ente de control comunicó a la fiscalía que los precios de los ítems de la adenda 2 “incluyen gastos generales no acordes a los de mercado, inclusive a los del contrato original, lo cual deriva en una diferencia en la valoración del monto ampliado del contrato de G. 165.643.548″.
“Los funcionarios intervinientes no tuvieron en cuenta el formulario de composición de precios unitarios del contrato original en la determinación de las cotizaciones de los ítems de la Adenda 2″, resaltó en el reporte de la CGR. Todas estos hechos hallados por la CGR hacen suponer un daño patrimonial de G. 2.173 millones, según el organismo.
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Extracción irregular de piedra caliza en INC
Otro de los informes que reportó la CGR al fiscal general tiene que ver una auditoría de cumplimiento, también de agosto del año pasado, en el que se corroboró que once ocupantes particulares usufructúan de forma irregular del predio de la INC en Vallemí y hasta extraen piedra caliza de la cantera de la industria, sin contrato alguno ni pago de un canon o alquiler.
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En este caso la CGR aseveró que no se pudo cuantificar el monto del daño patrimonial, debido a la imposibilidad de determinar la cantidad de piedras extraídas y el valor de las mismas, así como el importe por el usufructo realizado por particulares de la propiedad de la INC.
Asimismo, la CGR comunicó a la fiscalía que los ingresos por ventas de la INC por G. 7.074.700, de los meses de marzo, julio y agosto de 2021, fueron depositados en una cuenta bancaria de terceros y regularizados recién en el ejercicio fiscal 2022.
Esta auditoría de cumplimiento de la INC, de agosto del año pasado, también evidenció el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en la estatal, tanto en las plantas de Villeta y Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, la contraloría no se envió reporte de hechos punibles al respecto a la fiscalía, que tiene una causa abierta en este caso desde hace más de tres años.