Tras casi cinco años de estar congelada la causa, finalmente la fiscala María Estefanía González imputó ayer a tres altos exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Gobierno de Horacio Cartes, por el presunto hecho punible de lesión de confianza en la ejecución del fracasado metrobús.
En este caso fueron imputados el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente de la malograda obra, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinguer.
En el acta de imputación, la fiscala González señaló que durante el 2013 al 2018, Jiménez Gaona, en su calidad de ministro, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del MOPC, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota Engil Ingeniería y Construcción SA.
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Obra del metrobús, sin diseño final
Al mismo tiempo, señaló en el escrito que el exministro no tenía los permisos de las comunas de Asunción y San Lorenzo para avanzar con las obras y habría iniciado las construcciones sin tener el diseño final de ingeniería presentado por Mota Engil, el cual fue aprobado con observaciones porque la empresa fiscalizadora (Typsa-Incosa-Ingeneg) recomendó solo la aprobación provisional.
En consecuencia, la administración Jiménez Gaona “no habría contado con un documento en el cual se evidencien las correcciones de las observaciones, es decir, no se habría tenido el único documento válido para construir” incumpliendo el contrato y los documentos de adjudicación.
Entre otras cosas, el documento señala que Jiménez Gaona no contó con estudio hidrológico aprobado por el fiscalizador, lo que presuntamente vulneró el contrato, además de que la franja de dominio no fue liberada, que era una condición contractual para iniciar los trabajos. En este caso, la construcción de la adecuación del desagüe pluvial no cumplía con las normas del MOPC.
“Esta situación se debió a que Ramón Jiménez Gaona en su carácter de ministro no efectuó el control efectivo para evitar deficiencias en la planificación de la obra y tampoco habría ejercido la coordinación sobre la estructura de control del MOPC (fiscalización y supervisión) con respecto al cumplimiento de la documentación contractual”, reza en el documento.
Resalta además que consecuentemente se llegó a pagar US$ 29 millones a Mota Engil, por obras que no cumplen las especificaciones del contrato y del pliego y que no son de utilidad a la ciudadanía. La imputación del gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz fue por casi los mismos hechos irregulares que salpicaron a Jiménez Gaona.
Proyecto tuvo un sobrecosto del 34%
En el caso de la exviceministra Marta Benítez se le responsabiliza en el acta de imputación de que habría firmado el convenio modificatorio N° 4 al contrato con Mota Engil, por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, implicando una variación del precio de la obra en un 34% (ver los números en la infografía). Esto Benítez autorizó en carácter de ministra sustituta en representación del MOPC.
“Este ajuste no habría sido inicialmente contemplado en el contrato a raíz de una inadecuada planificación del proyecto”, resalta el escrito y agrega que “en síntesis, esta variación de precios habría implicado un aumento considerable del menoscabo económico al Estado paraguayo”.
La denuncia del caso metrobús también incluía al jefe de Gabinete, Esteban Sarubbi y el exrepresentante del BID, Eduardo Almeida, pero los mismos no fueron imputados.