Una misión técnica del FMI estará en nuestro país hasta el 4 de abril realizando una primera evaluación de los compromisos asumidos por el gobierno, en el marco del acuerdo de “Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI)”, que será aplicado hasta noviembre de 2024.
Este acuerdo contiene una serie de compromisos que el gobierno deberá implementar este año y el próximo para realizar reformas estructurales necesarias para el país, medidas que están en el informe elaborado el año pasado y que el Fondo dio a conocer tras la aprobación del convenio.
La aplicación del PCI se centrará en tres pilares: garantizar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento de la economía y mejorar la protección social. En el primer punto está incluido el tema de las deudas no registradas y al respecto, la entidad señala que la declaración oportuna y la clasificación adecuada de los gastos del gobierno central contribuirán a hacer más transparente la gestión fiscal.
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El informe expresa que “las autoridades están tomando medidas para regularizar algunas partidas de gastos no registradas, principalmente de inversión pública, que se acumularon en los últimos tres años y que deben corregirse en el sistema contable del Tesoro”.
Añade que “el Tesoro en la actualidad no puede cuantificar el monto total de estos gastos porque es necesario comprobar los compromisos frente a los proveedores, pero se estima que el monto de estos derechos podría ser de alrededor de 0,5% del PIB” (unos US$ 200 millones).
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La deuda está relacionada con las empresas constructoras de obras públicas, que esta semana volvieron a insistir ante el Banco Central del Paraguay (BCP) para la adopción de medidas transitorias de flexibilización para el sector, debido al descalce que registran por la falta de pagos por parte del Estado, que según los gremios actualmente asciende a US$ 340 millones.
Atender los compromisos
El Fondo menciona que las autoridades tienen la intención de atender estos compromisos como parte de la ejecución presupuestaria en 2023 y en los dos años siguientes sin introducir modificaciones en las metas del déficit fiscal. “El Ministerio de Hacienda adoptará rutinas adicionales de control e información para evitar la acumulación de estos reclamos no registrados en el futuro”, afirma.
En un apartado del informe se explica que el sistema de autorización y registro del gasto de Paraguay está en un punto intermedio entre la base devengado y la base caja. “El gasto puede registrarse solo si se incluye en el presupuesto corriente que se está ejecutando, y cuando está cubierto por el plan de ejecución de caja del Tesoro”, expresa.
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Afirma que el objetivo de esta disposición es controlar la ejecución del gasto, pero complica el registro del gasto de inversión que sigue ciclos de programación plurianual y, en ese sentido, refiere que “el Tesoro a veces toma conocimiento de estas partidas solo cuando los proveedores presentan sus facturas, y el registro y pago de esos compromisos por lo general se trasladan al presupuesto del año siguiente”.
Consideran que este ha sido un problema recurrente todos los años, pero los montos han aumentado en los últimos tres años debido a inversiones adicionales relacionadas con la pandemia y la mitigación de la sequía.