Hace más de dos años que la Contraloría General de la República (CGR) reveló sobrefacturación y direccionamiento en la polémica obra de la pasarela de ñandutí, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuando Arnoldo Wiens era ministro, adjudicó a la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera.
Tras destaparse el escándalo, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en abril de 2021 y a casi dos años de las pesquisas, nadie fue imputado hasta hoy. El fiscal del caso, Luis Piñánez, dijo a ABC que a inicios de febrero ordenará una pericia sobre el costo de la obra “para saber si hubo una sobrefacturación”.
El agente enfatizó que la causa sigue abierta por los hechos punibles de lesión de confianza y tráfico de influencias, pero que el caso es bastante complejo.
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“Este tipo de causas lleva su tiempo, es compleja, se analiza el proceso de adjudicación, interviene previamente la Contraloría. La Fiscalía busca la verdad real sobre una porción de hechos y producto de esa pesquisa o investigación, se culminará en una imputación si hay indicios suficientes o desestimación, si no existe hecho punible”, expresó.
Piñánez insistió que hasta la fecha no existe imputación por no haber aún “elementos de pruebas que lo ameriten” y que el Ministerio Público colecta medios de prueba cuyos resultados definirán “si hay indicios para una imputación o desestimación”.
Las intervenciones de la Fiscalía y vínculos con el poder de Engineering
Respecto a las intervenciones que se realizaron hasta la fecha, el fiscal indicó que se pidieron informes a entidades públicas y privadas, y que se tomó testimonio a funcionarios de la Contraloría, además de la elaboración de estudios técnicos con funcionarios del laboratorio forense, sobre los informes de la obra que realizaron funcionarios de la Contraloría y el MOPC.
Mientras tanto, la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, contratista de esta polémica obra, que fue sancionada con una inhabilitación para contratar con el Estado durante un año, nuevamente puede proveer al Estado desde diciembre del año pasado, tras cumplirse el plazo del “castigo”. En este caso, Contrataciones también había ratificado que hubo mala fe de dicha firma por incumplir con su contrato y por inflar irregularmente el precio de la obra.
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Engineering, que se ganó el mote de la “superproveedora” con este Gobierno, por la gran cantidad de adjudicaciones que consiguió, tenía vínculos con el poder. Esto se corroboró cuando se supo que el cuñado del presidente de la República Mario Abdo Benítez, Jorge López Moreira, participaba de las reuniones del MOPC donde se trataban los temas referentes al paso ñandutí.
MOPC recibió la obra y quería pagar más a la firma
En mayo del año pasado el MOPC informó que realizó la recepción provisoria de la obra, luego de que el ex ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, haya aprobado un informe de “revisión técnica” de la polémica obra. En este documento se recomendó recibir la pasarela y desembolsar otros G. 1.214 millones más a esta empresa para “cerrar” el contrato.
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Según el informe, del monto total del contrato de G. 14.121 millones se pagó G. 10.278 millones (casi 73%) a Engineering, es decir, quedaba un saldo “pendiente de pago” de G. 3.843 millones.
Pero el MOPC “basándose en un análisis y en los hallazgos”, encontró una sobrefacturación de G. 2.199 millones en la obra, que a criterio de la institución debía descontarse del monto “pendiente de pago”, por lo que aún se debía desembolsar los G. 1.214 millones mencionados a la contratista. No se sabe si el MOPC realizó más pagos.