Las organizaciones que solicitan la investigación al contrato entre la ANDE y Atome Energy sostienen que mediante dicho acuerdo se generará un grave daño patrimonial para el Estado paraguayo. “En efecto, dicho instrumento lleva la rúbrica del presidente del ente, ingeniero Félix Sosa y el representante de la firma, James Spalding y, desde nuestra perspectiva, resulta un grave daño patrimonial para el Estado paraguayo y, conforme manda la Ley N.º 276/94, artículo 9, en sus incisos a, e, g y h, entendemos que debe ser la Contraloría General de la República la que asuma una investigación que nos permita dimensionar el tamaño del perjuicio a las arcas públicas”, indica la nota presentada.
La misma señala que, conforme a una revisión documental y normativa inicial, si bien el precio de la energía proveída por la ANDE a Atome Energy debía estar enmarcada dentro del Decreto N° 7.551/2017, “Por el cual se aprueban las tarifas para el suministro de energía eléctrica a las industrias electro intensivas (IEI) y la estructura tarifaria a ser aplicada a las industrias electro intensivas y se abrogan los decretos N° 7.406/2011 y N° 6.371/2016″, que es del 8 de agosto del 2017, la estatal asumió, para Atome, otra plataforma tarifaria, establecida por otro decreto, del 10 de marzo del mismo año, el N° 6.904, que estableció el Pliego de Tarifas N.º 21.
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“Con esta disposición, se presume un daño patrimonial cercano a los 117 millones de dólares americanos, durante la vigencia del acuerdo”, sostiene.
Tras la reunión con el contralor, Rubén Penayo, uno de los participantes del encuentro, contó que obtuvieron el compromiso de Benítez para solicitar informes relacionados al citado contrato, antes de que finalice este año.