En mayo del próximo año se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido metrobús al Ministerio Público, pero las pesquisas poco o nada avanzaron. Hasta ahora no hay imputados, pero el caso está en manos de una nueva fiscala desde setiembre último, según se pudo corroborar.
La denuncia estuvo en manos la fiscala Natalia Silva, pero fue recusada por no investigar las irregularidades de la fracasada obra, por lo que la carpeta fiscal pasó a manos de la fiscala interina, Esmilda Álvarez, que tampoco avanzó con las pesquisas, por lo que también fue apartada del caso.
Desde setiembre de este año, la carpeta está a cargo de la fiscala María Estefanía González, tras el fallido juicio político a la Fiscal General Sandra Quiñónez, según se dio a conocer el viernes último. La fiscala González aseguró a ABC que en este momento está notificando sobre su designación a los peritos asignados para el peritaje.
Respecto al avance de las investigaciones, señaló que “tiene muchos tomos” y que “se hizo ya muchas cosas”, pero que todavía se debe hacer el peritaje “sí o sí”, de manera a determinar la valoración de lo que se construyó. “Hay que ver si los peritos van a necesitar más elementos para pedir y avanzar”, expresó.
Al mismo tiempo, indicó que ya en el 2023 se realizará la tarea del peritaje “porque no es algo sencillo”.
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Esperanzas tras designación de nuevo Fiscal General
El Ing. Hermann Pankow, quien el 28 de mayo de 2018 presentó la primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús en el Ministerio Público, señaló que se espera que el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pueda sacar del “freezer” el caso, cuando asuma en marzo del próximo año.
“Se tiene que investigar o desestimar, ese es el compromiso del nuevo fiscal general, esto no se puede seguir teniendo en el freezer”, expresó Pankow y volvió a insistir que hasta hoy no se sabe ni quién es el magistrado de la causa metrobús, para cumplir el artículo 290 del código procesal penal, que le da seis horas a la fiscalía para remitir la denuncia a un juez de garantías.
La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona; la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo; y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en las que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito; y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
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El senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, que también presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona en enero de 2019, también por la presunta lesión de confianza y estafa, señaló que al nuevo fiscal general se le dio el “voto de confianza” y que “se espera que a casi cinco años desempolve el caso metrobús, con una investigación profunda”.
El congresista indicó que en esta obra se perdió mucho dinero, que al final terminará pagando todo el pueblo paraguayo, por lo que se debe investigar y que la “estafa” no quede impune.
Insistirán que se investigue desde el Congreso
A su turno, el diputado Edgar Acosta, quien presidió la Comisión Bicameral del Congreso, que investigó el fallido plan y que también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado, indicó que con los cambios que se vienen en la fiscalía hay esperanzas de que el caso no quede en “oparei”.
“Estoy convencido de que el nuevo Fiscal General va a tener en cuenta el pedido de investigación de las dos cámaras del Congreso Nacional, pues remitimos el trabajo de investigación que hicimos y que fue excelente. Esperemos que le hagan el seguimiento que corresponde. Es demasiado importante”, expresó.
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Asimismo, indicó que con la “nueva fiscalía” insistirán desde el Congreso para que las pesquisas avancen, pues cree que el poder del ex presidente Horacio Cartes en el Ministerio Público ya terminará desde marzo.
“El tema del metrobús es muy importante por el robo descomunal que hubo, con negocios cerrados, trabajos perdidos, todas las molestias a la ciudadanía que no pueden quedar impunes”, dijo. Indicó que nunca hubo certeza en que esto se aclare con la gestión de Sandra Quiñonez, pero que ahora hay “confianza” en Emiliano Rolón.
Contraloría reveló irregularidades
La Contraloría General de la República (CGR) también remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías.
Asimismo, la Comisión Bicameral del Congreso, que igualmente investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra.
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús (ver infografía).