El arbitraje internacional entre la empresa Mota Engil y el Estado paraguayo, por el caso de fracasado metrobús, sigue su curso bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés.
En este sentido, Obras Públicas contrató a la consultora Dechert LLP (París), para asesorar en el arbitraje del metrobús, por US$ 3.401.326, pero el monto del contrato con esta firma ya aumentó a US$ 4.081.535, porque se incluyó la elaboración de otro informe pericial de la fallida obra, de acuerdo con los datos oficiales.
Pero aparte de este millonario gasto, la institución también está cubriendo los honorarios del Tribunal y los costos del arbitraje, cuyo monto total se desconoce. Tanto Obras Públicas, como la Procuraduría General de la República (PGR) evitan informar al respecto.
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Pero según los documentos oficiales al que accedimos, por Resolución N° 2609 del 25 de octubre de 2022, el MOPC autorizó el pago de US$ 200.000 en concepto de “último depósito suplementario”, en el marco del arbitraje, a favor de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Esto justamente para los honorarios del Tribunal y costo de la Corte, que se adelanta antes del laudo de acuerdo con las reglas del CNUDMI, según señalaron los expertos consultados.
Justamente, el mencionado pago se dio porque el Tribunal Arbitral, por medio de la comunicación AG 394.421, del 8 de julio de 2022, informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que, de conformidad con el Artículo 43 (2) del Reglamento CNUDMI y del párrafo 10.2 del Acta de Constitución, se requiere de un “último depósito suplementario” que asciende a la suma de US$ 400.000, lo que equivaldrá a un total de US$ 200.000 para cada parte (MOPC y Mota Engil).
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Monto solicitado por Mota aumentó a US$ 35 millones
El monto reclamado por Mota Engil en el arbitraje del fallido metrobús aumentó a US$ 35 millones, pues en principio, la firma portuguesa pedía US$ 25 millones, por los supuestos daños que le causó la falta de liberación de la franja de dominio de la fallida obra. El Tribunal arbitral se conformó en el 2020 y el proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato.
En febrero del 2020 el MOPC rescindió el contrato de Mota Engil, luego de cinco meses de que las obras hayan paralizado, porque la empresa portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de de fiel cumplimiento del contrato, a cargo de la aseguradora Royal Seguros, vinculada al ex jefe de gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira.
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones.
En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso.