El economista y exministro de Hacienda César Barreto cuestionó el inflado presupuesto sancionado por el Congreso para el 2023, que nuevamente contiene aumentos salariales y creación de cargos en pleno año electoral, pese a todas las advertencias que se hicieron.
“Es un presupuesto desfinanciado que traslada una carga de gastos rígidos muy importante al próximo gobierno” advirtió el exministro Barreto.
Dijo que uno de los primeros efectos que tendrá este plan es que se tendrá que recortar la ejecución de la inversión pública ya el próximo año, para poder administrar mínimamente este presupuesto.
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“Es la contrarreforma, que en vez de buscar una mejora en el uso de los recursos públicos lo empeora sustancialmente”, cuestionó.
Se debe evaluar implicancia de un veto parcial
El economista dijo además que el Poder Ejecutivo debería evaluar las implicancias que podría tener el aplicar un veto parcial ante las condiciones actuales.
Barreto al igual que otros analistas, economistas y profesionales venían advirtiendo de los riesgos de aprobar un presupuesto desfinanciado con fuerte componente de gasto rígido, así como la carga que quedaría para los próximos gobernantes; sin embargo, nada se tuvo en cuenta y primó más el interés político partidario ante que la razón. “Esta forma de tomar decisiones tan trascendentales es lo que nos genera dudas aún si realmente es posible que la administración de la política económica siga siendo prudente y ordenada”, expresó Barreto.
Mencionó que el país tiene varios desafíos, entre ellos alcanzar el grado de inversión, y para ello se requiere de reformas estructurales para mejora del gasto y lamentó que estas decisiones ponen en riesgo los esfuerzos para mejorar estos aspectos.
“Veremos cómo viene el próximo gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, porque estamos en puertas de alcanzar el grado de inversión lo cual requiere mantener una política fiscal y monetaria ordenada y avanzar en algunas reformas estructurales que mejoren la asignación de recursos públicos y la calidad del gasto y los servicios públicos”, señaló Barreto.
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El Senado se ratificó ayer en su versión de proyecto inicial que había aprobado el 29 de noviembre último, que asciende a poco más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones). El proyecto sancionado es levemente superior a lo que había planteado el Ejecutivo, de un total de G. 105,2 billones (US$ 14.818 millones), pero con un alto componente de gastos rígidos que fueron incorporados por la vía de las reprogramaciones, que incluyen aumentos salariales para el personal de Salud Pública, el Congreso y otros diversos sectores, así como la creación de 2.900 nuevos cargos, principalmente para la Corte Suprema y organismos auxiliares de la Justicia.
El Congreso no estuvo a la altura de la necesidad del país
Las críticas sobre el inflado presupuesto de la Nación para el 2023 no se hicieron esperar, y desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) se sumaron a los cuestionamientos al plan aprobado por los legisladores. La principal crítica es que el presupuesto incorporó reajustes salariales y creación de cargos a días de las internas partidarias por las presidenciales.
El titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ernesto Figueredo, detalló que el Ministerio de Hacienda puede administrar la ejecución del Presupuesto a través del plan financiero, pero “ya es una muy mala señal”, expresó.
Dijo además que con esta decisión, el Congreso demostró que nuevamente no estuvo a la altura de la necesidad del país. “Lastimosamente, los intereses electorales son los que tienen prioridad, por encima de los intereses de la Nación”, afirmó.
El Senado se ratificó ayer en su versión de proyecto inicial que había aprobado el 29 de noviembre último, que asciende a poco más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones), que incluye aumentos salariales y creaciones de cargos para la clientela política atendiendo las próximas elecciones partidarias del domingo.
Para calzar los aumentos, los legisladores decidieron inflar la estimación de ingresos en G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones) en recursos del Tesoro y en más de G. 31.000 millones (US$ 4,3 millones) en coparticipaciones tributarias.