La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un comunicado en el que se exige una lucha más enérgica contra las actividades ilícitas. Denuncia que el contrabando expresa el vínculo mafioso entre sectores de la economía y las autoridades.
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En el comunicado se demanda que la fiscalía y los organismos jurisdiccionales sancionen a los culpables de estos actos criminales que destruyen puestos de trabajo y enlentecen el desarrollo social.
Capasu denuncia además que la indiferencia y la complicidad por parte de las autoridades han facilitado que los productos frutihortícolas nacionales se pudran y no se puedan vender debido a una competencia desleal.
Asevera que en los últimos años la informalidad se ha incrementado del 42% al 47% y que los delitos cometidos en las fronteras son la principal causa de la baja recaudación fiscal.
“Estas cifras demuestran que las autoridades tributarias agobian al sector formal de la economía y toleran la proliferación de la ilegalidad económica, caso contrario el resultado habría sido diferente”, se manifiesta en el comunicado.
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Señalan que el manto político que protege al contrabando también provoca que no haya merienda escolar o útiles escolares para todos los niños paraguayos.
La falta de ingresos tributarios para la salud, la educación y honrar las cuentas con los proveedores ha convertido al Estado Paraguayo en un mendicante de la cooperación extranjera. La complicidad entre los contrabandistas y las autoridades responsables se ha convertido en el pisoteador de los principios del estado social del derecho, sentencia.
Capasu concluye subrayando que la competitividad que la economía formal necesita para expandirse, debe estar garantizada por el Estado a través de la lucha frontal contra el mercado clandestino.