Conajzar certificó a local que operaría tragamonedas de forma clandestina

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) certificó a firma para operar con tragamonedas, pese a que no tendría permiso del municipio. El ente municipal es el responsable de autorizar la actividad y el dueño sería un actuario procesado por supuesta coima y que está vinculado al gerente de la firma “reguladora”.

El local denunciado por operar sin autorización municipal se encuentra frente mismo a la sede del Ministerio del Interior.gentileza
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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina de María Galván del Puerto, certificó de manera “provisoria” como sala de juegos de azar a la empresa“Marisul EAS”, cuyo propietario es Víctor Daniel Marecos Benítez. SEl documento está vigente a pesar de que el concejal de Asunción Miguel Sosa denunció que funciona sin autorización de la Municipalidad de Asunción, única autoridad competente para habilitar la actividad.

Consultada al respecto, Galván indicó que el reglamento interno permite dar una certificado temporal mientras continúan los trámites en el municipio. Se trata de un registro de la empresa para manejo estadísticos de la comisión.

La Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar establece que los municipios son los responsables de autorizar la actividad de salas de juegos de azar.

Al ser requerida que desde la Junta Municipal se denunció irregularidades, insistió en que las reglas permiten.

Sin embargo, Javier Balbuena, expresidente de la Conajzar, observó que la comisión hizo caso omiso a la denuncia de una autoridad municipal. “Ahí lo raro es que la Conajzar le otorgó el registro provisorio a una empresa que fue denunciada por explotación clandestina por un concejal de Asunción”, comentó.

ABC accedió a una copia de los documentos presentados por la empresa, vía Portal de Acceso a Información Pública (Expediente N° 61.737) y constató que la firma que opera con el nombre de fantasía “Lucky Day” está vinculada a Humberto Acuña, gerente de la firma iCrop SA, la “reguladora” de tragamonedas en sitios prohibidos y cuyo contrato con Conajzar fue revocado tras la sanción de la ley de esas máquinas.

Además, se detectó que Marecos registra trabajaba como actuario judicial y fue procesado como parte de una red que pedía dinero a cambio de reducir penas, en 2018. Se intentó conocer su versión al respecto, y luego de insistentes mensajes y llamadas, respondió que Acuña es su representante y dará las declaraciones.

No respondió más al ser insistido en desarrollar una entrevista.

Acuña tampoco dio retorno a las reiteradas solicitudes de entrevista.

Cabe recordar que siete personas se encuentran acusadas por gestiones de juegos de azar, cinco por autorizar a iCrop a “regularizar” tragamonedas en sitios de libre concurrencia, pese a que está prohibido por Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.

El contrato fue revocado por exponer a la adicción a las apuestas a menores y viola las normas vigentes.

Tragamonedas sigue sin reglamentación

En abril último, hace siete meses, se promulgó la nueva ley de tragamonedas. La misma ratifica la prohibición del uso de esas máquinas en sitios de libre concurrencia, tal como estipula la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. El Ejecutivo debe reglamentar, cuyo plazo ya venció y pese a la relevancia social, todavía no se emite el documento.

Apuestas deportivas: Llano critica adjudicación

El senador Blas Llano (PLRA) criticó a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) que adjudicó a la empresa Daruma Sam SA (Apostala) el juego de “apuestas deportivas”, en la licitación pública.

El legislador anunció para hoy lunes en conferencia de prensa expondrá las irregularidades que estarían vinculadas al proceso.

Cabe recordar que varios sectores denunciaron que el llamado estaba “cocinado” para favorecer a la empresa, cuyo representantes son Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Javier Gauto. Esta versión fue rechazada por la firma y la Conajzar.

Sin embargo, al comparar con la licitación anterior se constató que es una convocatoria a empresas nacionales con experiencia específica en el rubro y alta solvencia económica. Esto, a pesar de que Apostala es la primera empresa que cumple los cinco años de concesión del juego, tal como lo establece la Ley N° 1016/97.

Los oferentes descalificados son el Consorcio B-Gaming, Sucursal Paraguay, y Gambling SA, representado por Néstor Povigna, y la unipersonal Luis Carlos Alder Benítez representada por Rubén Melgarejo Lanzoni. Estos dos oferentes plantearon 23% y 27% de canon, respectivamente, mientras que el de Apostala fue de 22%.

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