Fepasa debe licitar tren de cercanías, advierte dictamen de la Procuraduría

Un dictamen de la Procuraduría advirtió que Fepasa debe realizar una licitación, a través de la ley N°1618/ 2000 de concesiones, si quiere “subconcesionar” el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. Empero, el titular del ente, Lauro Ramírez, insiste en la aprobación del cuestionado proyecto de ley para adjudicar directamente a un grupo coreano.

Ocupantes precarios siguen en la franja del ferrocarril, pese a la promesa de que serán reubicados.virgilio vera
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La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió en el dictamen N° 55/22, con fecha del 27 de junio de este año, que Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) debe realizar una licitación si quiere “subconcesionar” el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí (43 km), para lo cual no requiere de autorización del Congreso, según el escrito al que accedió este diario.

El documento, que ya fue remitido al titular de Fepasa, Lauro Ramírez, y también al Senado, analizó varias inconsistencias del proyecto de ley que está en análisis en la cámara alta, con el que se busca “adjudicar” el desarrollo de esta modalidad de transporte eléctrico a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias, sin un proceso licitatorio.

Dicho grupo, junto a sus aliados y el Gobierno de Corea del Sur quieren financiar la obra por US$ 587 millones con un préstamo al Estado Paraguayo, a través de un “acuerdo” que hasta la fecha no se rubricó.

Según la Procuraduría, el plan normativo, cuyo tratamiento se pospuso el jueves último, autoriza a Fepasa a “subconcesionar” directamente el tren a la firma coreana, lo que no es posible, pues esto se debe concretar a través de la ley N°1618/2000 de Concesiones de Obras.

“Se debe advertir que si bien el estatuto de Fepasa faculta a suscribir contratos de concesión, al indicar que la concesión debe realizarse de conformidad a las disposiciones y normas Iegales, el contrato de concesión debe darse en virtud a lo establecido en la ley N°1618/2000 de Concesiones de Obras y servicios públicos”, resaltó la PGR.

El Gobierno planea avanzar en la implementación del tren de cercanías, un proyecto que costará US$ 2.000 millones con una "subconcesión" sin licitación. El plan se lleva adelante de la mano del Gobierno de Corea.

Ley de concesiones prevé licitación

En este sentido, la institución enfatizó que el artículo 5 de la ley de concesiones, establece que: “El otorgamiento de toda concesión de servicio público, precedido o no por la ejecución de obra pública, se hará obligatoriamente por licitación pública, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación. Podrán participar en las licitaciones que trata la presente ley, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones”.

Ante esta situación, la PGR añadió: “Se realiza la advertencia, en virtud a que en el proyecto de ley (en estudio en el Senado) se refiere a otorgar una subconcesión a ‘un consorcio coreano a ser conformado’, por lo que ésta Procuraduría General de la República es de la opinión que la concesión debe realizarse conforme a lo dispuesto en la ley”.

Pero pese a esto, Ramírez insiste en que el Senado apruebe la adjudicación directa a KIND, pese a que hasta ahora no hay un acuerdo oficial con el Gobierno de Corea.

La franja del tren está ocupada en gran parte de su trayecto.

Otros cuestionamientos de la Procuraduría

La PGR también cuestionó que el Estado ya asuma compromisos en el proyecto de ley en cuestión, atendiendo a que, por ejemplo, ya se comprometen a la liberación de la franja de dominio, la creación de un fideicomiso para el repago de las inversiones con presupuesto del MOPC.

“En virtud a que el proyecto se encuentra en una etapa prematura, y en atención a que el proyecto de ley otorga autorización para iniciar gestiones o tratativas para conseguir el contrato de empréstito, la Procuraduría General de la República considera que al ser de carácter muy genéricas, las obligaciones dispuestas podrían afectar interpretación del contrato en un futuro y podrían dar lugar a ambigüedades o contradicciones entre lo que establezcan la ley y el contrato”, expresó.

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