El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, habló nuevamente del tema en la conferencia de prensa virtual realizada ayer para dar a conocer el informe de Situación Financiera (Situfin) al mes de setiembre.
El informe incluye datos de la administración central sobre la coyuntura económica, los ingresos obtenidos y los gastos realizados, así como el resultado fiscal que al noveno mes del año acumula un déficit 1,5% del PIB y el anualizado se situó en 3,4%.
Haas señaló que las ampliaciones para el presente ejercicio 2022 para diversas instituciones públicas, presentadas como iniciativas parlamentarias, representan un riesgo para las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
Dijo que esto obedece a que los mayores gastos aprobados no tienen una contrapartida de ingresos para financiar y, en su mayor parte, son gastos rígidos, gastos fijos, que ya no se pueden dejar sin efecto.
Diputados no tuvo en cuenta la advertencia
A pesar de la advertencia lanzada desde el fisco y desde el sector privado sobre el impacto de estas ampliaciones, el último jueves la Cámara de Diputados hizo todo lo contrario y aprobó más ampliaciones por unos G. 532.878 millones (US$ 75 millones), principalmente para otorgar incrementos salariales a funcionarios y la creación de cargos.
Los proyectos aprobados son parte de un gran paquete de ampliación presupuestaria presentados por diputados y senadores, por lo que todo apunta a que están a la caza de votos como parte de las campañas electorales que llevan adelante y a costa de los contribuyentes.
Ejecutivo ya vetó cuatro proyectos
El Poder Ejecutivo ya vetó tres proyectos de ampliación presupuestaria: el que otorga US$ 2,8 millones al Congreso para aumento salarial y creación de cargos; US$ 1,6 millones a la Contraloría para remuneraciones extraordinarias, bonificaciones y contratación de personal; aunque ambos vetos ya fueron rechazados por el Parlamento.
La tercera ampliación vetada es la aprobada para el Ministerio Público por US$ 9,1 millones, para la creación de 577 cargos y pago de servicios personales.
También objetó el proyecto de ley que destina US$ 940 millones para indemnización a exobreros de Itaipú y el proyecto de ley que otorga US$ 6,4 millones para aumento salarial de actuarios judiciales.
El viceministro de Economía también señaló que los eventuales aumentos que puedan darse en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, están en las mismas condiciones que las ampliaciones y representan riesgos en el corto, mediano y largo plazo.